Funcas prevé que España pague 60.000 millones en intereses de deuda en 2030

La factura que paga el Estado por su deuda podría dispararse en los próximos años. Según un informe de Funcas, el centro de análisis vinculado a las antiguas cajas de ahorro, España abonaría en 2030 unos 60.000 millones de euros anuales en intereses, alrededor de un 50% más que en 2025. La consecuencia directa, advierte el instituto, es que el déficit público no bajaría del 3% del PIB en los próximos ejercicios.

De 40.000 a 60.000 millones al año

El informe, recogido por ABC, parte de la tensión que atraviesan los mercados internacionales de deuda pública. Frente a los cerca de 40.000 millones desembolsados en 2025, el escenario más adverso sitúa el coste en 60.000 millones dentro de cuatro años: 20.000 millones adicionales cada año solo para remunerar a los tenedores de bonos.

Funcas plantea también una hipótesis menos severa. Si los tipos se quedasen en los niveles de 2025 —en torno al 3,2% en el largo plazo y al 2,2% en el corto—, el pago de intereses rondaría los 57.000 millones en 2030, unos 17.000 millones más que ahora. De ese incremento, algo más de 8.000 millones corresponderían al coste de las nuevas emisiones del Tesoro; el resto se explica por la refinanciación: cuando vence un bono antiguo emitido a tipos bajos, el Estado tiene que sustituirlo por otro nuevo, y ahora el mercado exige más rentabilidad.

Por qué encarece el mercado la deuda

El detonante es la escalada del conflicto con Irán y la crisis energética asociada al cierre del estrecho de Ormuz, que ha reavivado la inflación. El IPC español avanzó un 4,3% interanual en agosto y el barril de Brent, referencia en Europa, ha vuelto a superar los 100 dólares, tras haberlo hecho ya en julio.

Ese contexto ha empujado al alza las rentabilidades de los bonos soberanos en todo el mundo. El estadounidense a diez años roza el 5%, el alemán se sitúa en el 3,5% —nivel no visto desde la crisis de 2008— y el japonés ha pasado de valores casi nulos al 3%. El español ronda el 3,8%, medio punto más que antes del inicio de las hostilidades el 28 de febrero. Cuanto mayor es la rentabilidad exigida a un bono, más caro le sale al emisor financiarse.

Qué significan 20.000 millones

Para dimensionar la cifra, el propio informe la compara con otras partidas públicas. Esos 20.000 millones extra superan el gasto mensual en pensiones de la Seguridad Social (14.470 millones en agosto), duplican el presupuesto anual del Gobierno central en sus competencias de Sanidad y Educación (unos 12.000 millones) y cubrirían casi por completo el desembolso anual en prestaciones por desempleo, que en 2025 ascendió a 24.421 millones.

La senda de déficit comprometida con Bruselas

En el último plan fiscal remitido a la Comisión Europea, el Ejecutivo se comprometió a un déficit del 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. Funcas considera que esos objetivos no se cumplirán: el encarecimiento de los intereses impedirá bajar del 3% "en los próximos años, incluso si el ciclo expansivo se prolonga", según el texto del informe.

El diagnóstico rompe con la tendencia de los últimos ejercicios, en los que el crecimiento —del 2,8% en 2025, el mayor entre las grandes economías del euro— permitió reducir el déficit pese a una deuda que ya alcanza los 1,7 billones de euros. Funcas insiste en aprovechar la fase expansiva "para generar margen de maniobra y así reducir la vulnerabilidad ante futuros shocks", y describe el momento actual como un "cambio de paradigma" en el ciclo macroeconómico.

Sin presupuestos desde 2023

El análisis añade un factor interno: España no aprueba unos Presupuestos Generales del Estado desde 2023, lo que limita la capacidad del Gobierno para reordenar prioridades de gasto ante un escenario financiero distinto. Las prórrogas presupuestarias mantienen las cuentas de un ejercicio anterior y dejan poco espacio a reasignaciones significativas.

Quedan dos incógnitas por despejar. La primera, si el Ejecutivo puede adaptar su política fiscal sin cuentas nuevas. La segunda, si el PIB aguanta el impacto del conflicto, que podría desembocar no solo en más inflación, sino en la combinación de precios altos y actividad estancada que los economistas llaman estanflación. Este debate se cruza con otras decisiones abiertas, como el reparto de la financiación autonómica o el impacto de la energía en los costes, como muestra el debate sobre el fin de los descuentos al diésel.