El Gobierno llama "irresponsable" al rechazo andaluz a 5.800 millones de financiación extra

La reforma del sistema de financiación autonómica ha vuelto a encallar en el terreno político. El nuevo modelo salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado viernes con el voto favorable del Gobierno central, Cataluña y Canarias, y el rechazo del resto de comunidades. Entre ellas, Andalucía, a la que el Ejecutivo ofrece más de 5.800 millones de euros adicionales.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, calificó de "irresponsable" la postura de la Junta en un audio remitido a los medios y recogido por Expansión. "Es absolutamente incomprensible que Moreno Bonilla rechace más de 5.800 millones de euros adicionales que ofrece el Gobierno de España a Andalucía con el nuevo sistema de financiación autonómica", afirmó.

Qué se vota en el CPFF y por qué importa

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano donde el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas acuerdan las reglas de reparto del dinero público. De ese sistema depende buena parte de los recursos con los que las autonomías pagan sanidad, educación y servicios sociales, que son competencias suyas. Cualquier cambio en el modelo altera cuánto ingresa cada territorio durante años.

El sistema vigente lleva más de una década pendiente de revisión, y su reforma es una de las cuestiones más enquistadas de la política fiscal española. La votación del viernes no cierra el proceso: el modelo debe recorrer todavía un camino administrativo y legislativo antes de aplicarse, pero marca la posición de partida de cada administración.

Los argumentos del Gobierno

Fernández sostuvo que Andalucía es la comunidad que más fondos recibiría con el nuevo esquema, "mucho más que los que el Partido Popular ha reclamado siempre", y atribuyó el rechazo a "una estrategia de confrontación con el Gobierno de España". También reprochó a la Junta que renuncie a recursos que podrían destinarse a reforzar unos servicios públicos que describió como deteriorados, y recordó que ese dinero "no es suyo, sino de los andaluces".

El delegado enmarcó la decisión en una secuencia más amplia: según su relato, Andalucía ha mantenido la misma posición en otros expedientes recientes, como la quita de deuda autonómica, la actualización de las entregas a cuenta —los anticipos que el Estado transfiere cada año a las comunidades a cuenta de la recaudación de impuestos— y la senda de estabilidad presupuestaria.

La respuesta de la Junta

El presidente andaluz, Juanma Moreno, respondió el sábado en la red social X que el modelo está "impuesto por el independentismo" y cifró en 244 euros menos al año por habitante lo que, a su juicio, recibiría un andaluz frente a un catalán. "La supervivencia de Sánchez no puede estar por encima de la igualdad entre españoles", escribió, e insistió en que la reclamación de la Junta no defiende solo a su comunidad, "sino al conjunto de España".

Tras el CPFF, la consejera andaluza de Economía, Carolina España, se mostró dispuesta a negociar un nuevo sistema, pero sobre las bases de la igualdad, la suficiencia financiera, la transparencia y el respeto a las competencias autonómicas, según recogió la agencia Efe.

A quién afecta

Más allá del pulso institucional, el reparto de la financiación autonómica determina el margen presupuestario de las comunidades para sostener servicios y también su capacidad de maniobra fiscal, incluidos los tramos autonómicos de impuestos que afectan a hogares y empresas. Un sistema aprobado sin apoyo mayoritario de las comunidades tiene, además, un recorrido político más complicado.

El debate llega en un momento en el que las cuentas públicas están tensionadas por otros factores, como el encarecimiento de la deuda pública por la inflación, y en el que el crecimiento de la economía española mantiene un tono mejor de lo previsto, según reflejó el avance del PIB del segundo trimestre. La negociación, en cualquier caso, sigue abierta.