España pide a la UE gravar los beneficios del petróleo y el gas para pagar la adaptación climática

El Gobierno español ha trasladado a la Comisión Europea una propuesta para crear un impuesto comunitario sobre los beneficios de las compañías de petróleo y gas con el que financiar medidas de adaptación al cambio climático. La idea forma parte de un documento remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, según ha adelantado elDiario.es.

La propuesta llega tras un verano marcado por la sequía y por incendios forestales de gran magnitud en varios países europeos, episodios que han vuelto a poner sobre la mesa el coste presupuestario de los desastres asociados al clima. La adaptación, a diferencia de la mitigación —reducir emisiones—, consiste en preparar infraestructuras, territorios y sistemas de emergencia para convivir con fenómenos extremos que ya se están produciendo.

Un fondo europeo con recursos propios

El eje del planteamiento español es la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación al Cambio Climático, dotado con recursos nuevos y no solo con reasignaciones de partidas existentes. Entre esas fuentes de financiación, el documento sitúa un gravamen europeo para la resiliencia climática que recaería sobre los beneficios del sector del petróleo y el gas.

El texto no cierra la puerta a otras vías: también menciona la posibilidad de recurrir a instrumentos de deuda europea, es decir, emisiones conjuntas de la UE cuyo coste se reparte entre los Estados miembros. Es el mismo mecanismo que se empleó para financiar los fondos de recuperación tras la pandemia, aunque su extensión a nuevos ámbitos genera reticencias entre los socios del norte de Europa.

El departamento que dirige Sara Aagesen defiende que la resiliencia climática debe integrarse "plenamente en la arquitectura financiera de la UE", con criterios específicos en el diseño del Marco Financiero Plurianual, el presupuesto a largo plazo de la Unión que se negocia por periodos de siete años y que marca en qué se gasta el dinero comunitario.

Evaluaciones de riesgo cada cinco años

Más allá de la financiación, el documento propone un enfoque que empieza por el diagnóstico. El Miteco reclama "un conocimiento común de los riesgos climáticos basado en la ciencia" y plantea realizar evaluaciones de esos riesgos cada cinco años en tres niveles: europeo, nacional y regional.

La lógica es que sin una medición homogénea resulta difícil priorizar inversiones. A partir de ahí, el planteamiento español pide incorporar la resiliencia a la planificación pública y a las decisiones de inversión, y reforzar los sistemas de respuesta ante emergencias.

Seguros, reaseguro público y bonos de riesgo

Uno de los puntos con más implicaciones para el tejido empresarial es el que afecta a los seguros. El documento sostiene que el sector financiero europeo debería seguir incorporando los riesgos climáticos en los programas de inversión, en la concesión de préstamos y en las pólizas. En la práctica, eso significa que el clima pesaría más a la hora de conceder crédito o de fijar primas.

España propone además un sistema europeo de reaseguro público-privado que cubra las pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos. El reaseguro es el mecanismo por el que una aseguradora traslada parte de su riesgo a otra entidad; cuando los daños son masivos y concentrados en el tiempo, el mercado privado puede quedarse corto. Ese esquema podría articularse, según el documento, mediante la emisión de bonos de riesgo climático (climate risk bonds).

Qué puede pasar ahora

Se trata, por el momento, de una posición nacional enviada a la Comisión, no de una propuesta legislativa. Cualquier impuesto europeo requiere unanimidad en el Consejo, un requisito que en el pasado ha frenado iniciativas fiscales comunitarias. El precedente más cercano es el gravamen temporal sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas que la UE aprobó en 2022 durante la crisis de precios de la energía.

El debate se cruza además con la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual y con un contexto de presión sobre las cuentas públicas, en el que el repunte de la inflación encarece la deuda pública y reduce el margen de los Estados para asumir nuevo gasto en solitario. También conecta con la evolución de los precios de la energía en la eurozona, que condiciona tanto los beneficios del sector como la factura de hogares y empresas.