El sector alerta de 60.000 millones en riesgo por el decreto de centros de datos

El Gobierno ultima un real decreto que regulará el consumo eléctrico de los centros de datos en España y el sector tecnológico y energético ha aprovechado el periodo de audiencia pública para advertir de que la norma, tal y como está redactada, pone en cuestión buena parte de las inversiones previstas. La cifra que manejan las empresas es de más de 60.000 millones de euros en inversión directa e indirecta acumulada hasta 2030, según el informe anual de la asociación sectorial SpainDC citado por ABC.

El texto lo ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica y su periodo de consulta se cerró el 10 de septiembre. A partir de ahí, el Ejecutivo tiene la última palabra: al no ser un decreto ley, puede aprobarse directamente en Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso, lo que reduce el margen de negociación política sobre el contenido final.

Qué exige el borrador

El punto que más inquieta a las empresas es la obligación de acreditar hora a hora que el 80% de la electricidad consumida por estas instalaciones proviene de nueva generación renovable. No basta con contratar energía verde en términos anuales: habría que demostrar la coincidencia temporal entre consumo y producción, algo técnicamente exigente porque la solar y la eólica no generan de forma constante.

El segundo requisito es igualmente estricto: cada nuevo megavatio consumido por un centro de datos debería estar respaldado por nueva capacidad renovable puesta en operación en los 18 meses anteriores. Es decir, el crecimiento de la demanda tendría que ir acompañado, casi al mismo ritmo, de nuevas plantas de generación.

Las alegaciones que han llegado al ministerio, según las fuentes citadas por ABC, sostienen que entre el 80% y el 90% de la nueva inversión prevista podría quedar comprometida. Las compañías también consideran que la norma da a estas instalaciones un trato distinto al de cualquier otro consumidor eléctrico, cuando compiten en las mismas condiciones por el acceso a la red y no reciben, argumentan, ayudas públicas ni ventajas regulatorias específicas.

Proyectos ya comprometidos

El otro frente es la seguridad jurídica. Las multinacionales que ya tienen proyectos en marcha rechazan que el marco cambie cuando hay terrenos adquiridos, financiación cerrada y contratos energéticos firmados. En los últimos cinco años se han concedido más de 12.000 megavatios de derechos de acceso y conexión vinculados a centros de datos, una cifra que da idea del volumen de desarrollo planificado.

Compañías como Amazon, Google, Meta o Microsoft están pendientes del resultado, igual que las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa o Naturgy—, que serían las suministradoras de esa demanda adicional. El sector avisa de que ya está valorando alternativas: Francia, Italia, Portugal o los países nórdicos aparecen como destinos con marcos considerados más previsibles. Si el decreto se aprueba sin cambios, España pasaría a ser uno de los mercados europeos más exigentes para este tipo de infraestructura.

Castilla-La Mancha entra en la discusión

El debate ha saltado también al plano territorial. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que su gobierno presentará alegaciones y no descarta acudir a los tribunales si el planteamiento actual se mantiene. En su comunidad está previsto uno de los grandes proyectos, en Talavera de la Reina, con una inversión estimada en torno a 750 millones de euros que podría superar los 1.000 millones según cómo se desarrolle finalmente.

Por qué importa

Los centros de datos son la infraestructura física sobre la que funcionan la computación en la nube y la inteligencia artificial: naves con miles de servidores que consumen mucha electricidad de forma continua. De ahí que su regulación energética tenga consecuencias directas sobre la inversión extranjera y sobre la planificación del sistema eléctrico.

El propio proyecto de real decreto reconoce la relevancia de estas instalaciones para la digitalización del país y para la soberanía digital europea, un objetivo que ha impulsado también iniciativas europeas para escalar compañías tecnológicas. La cuestión pendiente es cómo se combina ese objetivo con la exigencia de que el crecimiento de la demanda no tire de generación fósil.

El Gobierno debe ahora decidir si introduce cambios en el texto definitivo. Cualquier estimación sobre inversiones perdidas o retenidas procede del propio sector y no de una evaluación pública independiente, un matiz relevante a la hora de leer la cifra de 60.000 millones.