El Gobierno prepara un nuevo decreto antiguerra con las ayudas al gasóleo a punto de decaer

El Ejecutivo tiene prevista la aprobación de un nuevo decreto para amortiguar el impacto económico de la guerra de Irán, según informa ABC. La urgencia tiene una fecha muy concreta: el 30 de septiembre decae buena parte de las medidas que se prorrogaron en junio para contener el encarecimiento de la energía, los carburantes y otras materias primas.

El problema es que el conflicto sigue abierto y la factura energética pesa cada vez más sobre empresas y hogares. Antes de cerrar el paquete, el Gobierno ha recogido las demandas de sindicatos, patronales y sectores especialmente expuestos al cierre del estrecho de Ormuz. El mensaje que trasladan es común: las ayudas no pueden desaparecer y, en su opinión, deberían ampliarse.

Los carburantes, en el centro del problema

El combustible resume buena parte de la tensión. A finales de febrero, el litro de gasolina 95 costaba de media 1,48 euros; el 24 de septiembre rozaba los 1,92 euros. El diésel pasó de 1,44 a 1,93 euros en el mismo periodo. El caso más llamativo es el del gasóleo agrícola, que ha subido de 1,13 a 1,72 euros por litro, un salto superior al 50%.

A esa escalada se suma otro riesgo: la posibilidad de que Estados Unidos limite sus exportaciones para abaratar el gasóleo en su mercado interno. Ese país cubre cerca del 20% del comercio mundial de diésel por mar, de modo que una restricción tensaría todavía más un mercado ya escaso.

La industria intensiva en energía pide fórmulas estructurales

El golpe no es igual para todos: cuanto mayor es la dependencia energética, menor es el margen para absorber el sobrecoste. Solo la siderurgia calcula un coste adicional de 658 millones de euros hasta diciembre, de los que 403 millones corresponden a la electricidad y 255 millones al gas. Casi siete de cada diez euros de ese importe se concentran en el último cuatrimestre del año, lo que ya está llevando a algunas plantas a reducir o detener la producción en las horas de precio eléctrico más alto.

Las patronales Unesid y AEGE (empresas con gran consumo de energía) reclaman medidas estructurales, cambios en la normativa europea que permitan ayudas de emergencia y una fórmula parecida a la llamada «excepción ibérica», el mecanismo que desvinculaba el precio del gas del cálculo de la factura eléctrica.

Pesca, campo y transporte: las demandas sobre la mesa

En el mar, la patronal Cepesca advierte de que el gasóleo a 1,4 euros el litro está empujando a muchos barcos a permanecer amarrados para no faenar con pérdidas. Los armadores piden doblar la ayuda al gasóleo, de 20 a 40 céntimos, aplicada directamente en el surtidor, además de exenciones en las cotizaciones sociales.

En el campo, la escalada coincide con la vendimia y las campañas de aceituna y cereal. Las organizaciones agrarias calculan que hasta un 40% de los cultivos podría quedarse sin sembrar y reclaman compensar hasta el 70% del encarecimiento del combustible —el máximo que permite la UE— y consolidar un gasóleo profesional permanente.

La patronal de las estaciones de servicio (CEEES) prevé subidas de hasta 24 céntimos en el gasóleo si no se recupera el IVA reducido del 10% y se rebaja el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Los transportistas, por su parte, denuncian que las ayudas directas acaban diluidas cuando los cargadores exigen rebajas equivalentes en las tarifas, y piden capacidad sancionadora para el Observatorio de Costes.

Pymes, autónomos y hogares

UPTA cifra en 148 euros al mes el sobrecoste que ya soportan profesiones intensivas en transporte o electricidad, de repartidores a hosteleros. CC OO y UGT piden reactivar el escudo social con un cheque de 300 euros para rentas bajas, subidas salariales de hasta el 7% y una vigilancia estricta de la CNMC sobre los márgenes del refino. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordó en el Congreso que España encabeza junto a otros cinco países la presión para gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras, aunque Bruselas prefiere dejar esa decisión en manos de cada Estado.

Qué vence y qué sigue vigente

El 30 de septiembre expiran la rebaja fiscal sobre hidrocarburos, los 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, la cobertura de hasta el 70% del sobrecoste del combustible agrario y pesquero, las ayudas directas a transportistas sin acceso a gasóleo profesional y las restricciones específicas al despido. En cambio, el bono social eléctrico (con descuentos de entre el 42,5% y el 57,5%), la prohibición de cortar agua y energía a hogares vulnerables y el bono social térmico siguen en vigor hasta el 31 de diciembre, igual que la salvaguarda que impide alegar el encarecimiento energético para justificar despidos objetivos.

Menos margen presupuestario que en 2022

El Gobierno afronta este decreto sin Presupuestos Generales nuevos y con el grueso de los fondos europeos ya comprometido. Tras el paquete de marzo, de unos 5.000 millones de euros, y el de junio, rebajado a unos 1.800 millones al eliminar la bajada generalizada del IVA sobre carburantes, gas y luz, Bruselas ha pedido ayudas más selectivas, temporales y dirigidas a los colectivos más expuestos.

«Desde el punto de vista presupuestario, las ayudas focalizadas son mucho menos costosas que las generalizadas y evitan subvencionar el consumo de quienes no necesitan ese apoyo», señala Albert Guivernau, economista y director de la Fundación Civismo.

Guivernau advierte además de que «el riesgo aparece cuando una medida excepcional se convierte en permanente sin una fuente estable de financiación». La recaudación récord, impulsada en parte por la propia inflación, da algo de holgura a corto plazo, pero los expertos recomiendan fijar fechas de caducidad vinculadas a indicadores objetivos, como la evolución de los precios energéticos. En la misma línea, la AIReF ya avisó del riesgo para el pacto fiscal de encadenar nuevas ayudas por la inflación, en un contexto en el que la cesta de la compra absorbe el 15% del gasto de los hogares.