El Gobierno lleva al Consejo de Ministros las medidas urgentes de seguridad ferroviaria

El accidente ferroviario de Urda (Toledo) va a tener consecuencias que exceden lo político: el Consejo de Ministros tiene previsto analizar un primer informe del Ministerio de Transportes sobre lo ocurrido y un paquete de medidas urgentes para reforzar la seguridad en la red de alta velocidad, con atención especial al corredor Madrid-Sevilla. En ese eje se han producido dos siniestros en nueve meses que suman más de un centenar de fallecidos, según el relato que publica el diario Expansión en su editorial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció además ayudas extraordinarias para las familias de las víctimas y para los heridos. No concretó, en cambio, si habrá relevo al frente del departamento, algo que reclaman tanto los grupos de la oposición como socios parlamentarios del Ejecutivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene por delante una comparecencia en la diputación permanente del Congreso.

Qué se discute más allá de la responsabilidad política

El debate que abre el accidente tiene una dimensión económica directa: cómo se gestiona, se financia y se mantiene una red de alta velocidad que es, en kilómetros, una de las mayores del mundo. La versión inicial apuntó al trabajador del centro de control de Adif que autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal cuando el convoy de Iryo seguía detenido en la misma vía unos kilómetros más adelante. La editorial de Expansión critica que se cargue toda la responsabilidad sobre un operador y sostiene que el problema es de gestión del sistema.

Conviene distinguir entre error humano y diseño del sistema. Los dispositivos de señalización y de protección automática del tren están pensados precisamente para que una orden equivocada no se traduzca en un alcance. Por eso buena parte del análisis técnico se centra en qué sistemas vigilan la distancia entre trenes y en si funcionaron como debían.

Liberalización y gasto en mantenimiento

Desde el Gobierno se ha apuntado a que la apertura de la alta velocidad a operadores privados —una liberalización del servicio, no una privatización de la infraestructura, que sigue siendo pública— habría acelerado el desgaste del material rodante y de la vía al multiplicar las circulaciones. El editorial de Expansión rebate esa tesis: señala que el gasto en mantenimiento de las vías ha caído desde entonces pese a que los ingresos por cánones han aumentado y pese a los fondos europeos recibidos por Adif.

Ese punto conecta con un problema conocido de las cuentas del gestor de infraestructuras. El Estado ha venido transfiriendo a Adif menos dinero del comprometido en los últimos ejercicios, lo que estrecha el margen para conservación y renovación de activos que se deterioran con el uso.

El factor laboral

La seguridad ferroviaria también ha entrado en la agenda sindical. El sindicato mayoritario de maquinistas ha mantenido movilizaciones vinculadas precisamente a las condiciones de seguridad en la circulación, un conflicto que se solapa ahora con la revisión de protocolos anunciada por el Ministerio.

El alcance real de las medidas dependerá de lo que recoja el informe que se presente en el Consejo de Ministros y de si llega acompañado de dotación presupuestaria. Las investigaciones técnicas de este tipo de siniestros, a cargo de la comisión especializada, suelen prolongarse meses, de modo que las conclusiones definitivas sobre las causas tardarán en conocerse.