La UE aplica desde el 1 de noviembre una tasa de 2 euros a los paquetes de fuera

La Unión Europea empieza a aplicar el 1 de noviembre una tasa de gestión de 2 euros sobre los productos comprados en plataformas de comercio electrónico situadas fuera del territorio comunitario, como Shein, Temu o Amazon cuando el envío procede de un país tercero. El recargo no sustituye, sino que se suma, al arancel de 3 euros que ya está vigente desde el pasado verano para las compras de menos de 150 euros. Lo adelanta Economía Digital a partir de los datos de Bruselas.

Quién paga y cómo funciona

Según la configuración de la medida, el importe no debe recaer de forma directa sobre el comprador final: tiene que abonarlo la entidad responsable de los gastos de importación, es decir, la plataforma o el vendedor que introduce la mercancía en el mercado europeo. En la práctica, eso traslada el coste a los operadores y no al ticket de la compra.

La Organización Europea de Consumidores ha valorado positivamente la medida, al entender que dará más recursos a las aduanas para localizar productos peligrosos o ilegales, aunque ha puesto dos condiciones. La primera, que los Estados destinen lo recaudado efectivamente a reforzar los controles. La segunda, su inquietud por que algunas plataformas acaben repercutiendo el coste al comprador en los últimos pasos del proceso de compra, algo que chocaría con la normativa europea que obliga a mostrar por adelantado el precio total.

El volumen que ha disparado la reforma

El detonante es el crecimiento del comercio electrónico procedente de terceros países. Bruselas calcula que en 2025 entraron en el mercado comunitario alrededor de 5.900 millones de artículos de bajo valor, y que cerca del 90% llegaron desde China. Ese volumen satura a los servicios aduaneros y dificulta detectar mercancías que no cumplen las normas europeas de seguridad y protección del consumidor.

A ello se añade un argumento de competencia: las empresas establecidas en la Unión soportan obligaciones regulatorias, fiscales y de seguridad que no siempre cumplen los vendedores extranjeros que envían directamente al domicilio del comprador. La Comisión ha asumido ese desequilibrio como uno de los motivos de la reforma.

Las plataformas pasan a ser importadores

El cambio de fondo va más allá de los dos euros. La reforma aduanera europea convierte a las plataformas y a los vendedores de países terceros en importadores a efectos legales. Eso significa que serán ellos quienes deban garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y de la normativa comunitaria aplicable a la mercancía.

En términos prácticos, operadores como Shein o Temu tendrán que entregar a las autoridades la información de los productos que introducen en la UE, asumir los pagos que correspondan y acreditar que los artículos cumplen los requisitos de seguridad y el resto de exigencias legales del mercado único.

La norma prevé además un régimen sancionador para los incumplimientos reiterados. Las multas podrán llegar, en los casos más graves, al 6% del valor de las mercancías importadas durante el año anterior. También contempla la retirada de determinadas ventajas aduaneras e incluso restricciones de acceso para las plataformas infractoras.

Una autoridad aduanera común a partir de 2028

Para hacer viables esos controles, la reforma crea una Autoridad Aduanera Europea con sede en la ciudad francesa de Lille. Su función será coordinar la actuación de los Estados miembros y gestionar un sistema común de información sobre importaciones y exportaciones.

El calendario es gradual. La plataforma de datos empezará a utilizarse para el comercio electrónico en 2028, se abrirá progresivamente al resto de empresas desde 2031 y aspira a convertirse en el punto único obligatorio de entrada de datos aduaneros de la UE en 2034. La idea es simplificar trámites para las compañías que cumplen y concentrar los recursos de inspección en las mercancías de riesgo.

Para el pequeño comercio y los fabricantes europeos, el calendario importa tanto como la tasa: los dos euros son una medida inmediata, mientras que la equiparación real de obligaciones entre un vendedor asiático y uno comunitario depende de que ese sistema de información acabe funcionando. En paralelo, la Comisión sigue con otros frentes de regulación del consumo, como el debate sobre los topes de precios en situaciones excepcionales que se discute en España.