Consumo prepara otro decreto para topar precios tras una catástrofe

El Ministerio de Consumo trabaja para recuperar la norma que permite al Gobierno fijar topes de precios en situaciones excepcionales, entre ellas los billetes de transporte después de una catástrofe. Según adelanta elDiario.es, el Ejecutivo ha detectado subidas generalizadas en las alternativas al tren tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y estudia aprobar un nuevo real decreto-ley con ese contenido.

Qué dice la norma que se quiere recuperar

La fórmula sobre la mesa consiste en modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para habilitar al Gobierno a limitar precios con carácter extraordinario en escenarios de emergencia. El criterio que maneja el Ejecutivo, según las fuentes citadas por el medio, es acotar la medida a aquellas situaciones que alteran de forma excepcional la oferta y la demanda sin que exista detrás un aumento real de costes para las empresas.

Esa distinción es el nudo técnico del asunto. Cuando un servicio se encarece porque a la empresa le sube la factura —combustible, personal, suministros—, el precio refleja un coste. Cuando se encarece simplemente porque miles de personas necesitan a la vez un autobús, un vuelo o una habitación de hotel y la oferta no da abasto, el incremento es de pura escasez temporal. El decreto pretende actuar solo sobre el segundo caso y de manera acotada en el tiempo.

Una norma que ya existió y fue derogada

No se trata de una idea nueva. El Gobierno aprobó una norma similar en febrero, después de la catástrofe de Adamuz, en la que murieron 46 personas. Aquel real decreto-ley fue derogado en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts, que sumaron mayoría suficiente para tumbarlo.

Conviene recordar cómo funciona un real decreto-ley: el Gobierno lo aprueba y entra en vigor de inmediato, pero necesita el respaldo del Congreso en un plazo tasado para seguir vigente. Si la Cámara no lo convalida, la norma decae. Eso fue lo que ocurrió en febrero.

Por qué el Gobierno ve ahora más margen

El cálculo parlamentario ha cambiado. En este momento sería la Diputación Permanente —el órgano reducido que ejerce las funciones de la Cámara cuando esta no está reunida en periodo de sesiones— la encargada de convalidar el texto. En esa composición, según explican las fuentes del Ejecutivo, el voto de Junts ya no basta para formar una mayoría de bloqueo junto a PP y Vox, de modo que el decreto tendría más posibilidades de salir adelante que en febrero.

El detonante inmediato es el accidente de Urda, que ha dejado 69 fallecidos y ha obligado a miles de viajeros a buscar alternativas al tren. Es el tipo de episodio en el que el Gobierno sostiene que se producen los encarecimientos que quiere limitar.

A quién afectaría

La medida, si prospera, tendría efectos sobre los operadores de transporte y, potencialmente, sobre otros sectores que prestan servicios de primera necesidad en un contexto de emergencia. Para el consumidor supondría un límite temporal al precio en esas circunstancias concretas, no un control de precios permanente.

El Gobierno no ha concretado todavía el calendario ni el alcance exacto del texto. Hasta que el real decreto-ley se apruebe en Consejo de Ministros y se publique en el BOE no se conocerán ni los sectores cubiertos ni el mecanismo de fijación de los topes. Otras medidas de intervención en precios, como el gravamen europeo a las energéticas de 2022, han acabado dirimiéndose en los tribunales años después de su aprobación.