El Gobierno destinará 200 millones a promotores para 2.425 pisos de alquiler asequible

El Ejecutivo ultima un real decreto que regulará las subvenciones de Casa 47, la empresa pública estatal de vivienda creada en 2025, y que contempla hasta 201,7 millones de euros para levantar 2.425 viviendas de alquiler asequible en 29 actuaciones. El esquema es sencillo de resumir: el Estado pone el suelo y una inyección de dinero, y empresas o fondos privados construyen los pisos y gestionan después su arrendamiento. La información fue adelantada por El Periódico y confirmada por elDiario.es a partir del proyecto normativo sometido a audiencia pública.

Por qué el Estado paga a quien construye

La ayuda equivale a una media de 83.000 euros por vivienda. El Gobierno la justifica por la propia naturaleza del alquiler asequible: al fijarse un tope de precio por debajo del mercado, los ingresos que genera la promoción son menores. Según el texto en tramitación, en esas condiciones los rendimientos no bastan ni para recuperar la inversión ni para garantizar una rentabilidad razonable al operador. La subvención busca precisamente cerrar esa brecha, aunque el propio Ministerio de Vivienda asume que los márgenes de estas promociones serán reducidos.

El departamento apela al interés público, social y económico de las actuaciones, que vincula al derecho constitucional a una vivienda digna, a la cohesión social y a la corrección de las tensiones del mercado residencial en un contexto de oferta insuficiente y dificultad de acceso para amplias capas de la población.

Cincuenta años de concesión y tope del 30% de la renta

Dos condiciones marcan el modelo. La primera es temporal: la concesión del alquiler se otorgará por 50 años, y transcurrido ese plazo las viviendas volverán a manos del Estado. Es decir, el suelo público no se vende, se cede durante medio siglo.

La segunda afecta al precio. El coste de la vivienda no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada de una unidad de convivencia mediana, calculada en función del tamaño del piso y con los últimos datos de renta de los hogares del Instituto Nacional de Estadística. Ese umbral del 30% es el criterio que suele emplearse para considerar que un hogar no está sobreendeudado por el gasto en vivienda: por encima de esa proporción, el alquiler o la hipoteca comprimen el resto del presupuesto familiar.

El periodo de audiencia pública del proyecto se cerró el 8 de septiembre. Ahora se abre la fase de respuesta a las alegaciones presentadas, que puede modificar el texto antes de su aprobación definitiva.

Casa 47, en plena puesta en marcha

La empresa pública atraviesa semanas de actividad intensa. Esta misma semana publicó en su portal las primeras 638 viviendas asequibles disponibles, que sumadas a las 170 ya entregadas elevan a unas 800 las que están en el mercado. Se trata de vivienda usada, en su mayoría comprada al llamado banco malo, la Sareb, aunque en los próximos meses está previsto incorporar más inmuebles de segunda mano procedentes de otras administraciones.

Antes de que acabe el año, Casa 47 calcula que añadirá 1.500 viviendas más al portal. Su horizonte declarado es alcanzar 100.000 viviendas en diez años, una vez incorpore obra nueva: entre las operaciones previstas figuran los 10.000 pisos del barrio madrileño de Campamento, 40.000 viviendas y otras 55.000 sobre 2.400 suelos de la Sareb, además de adquisiciones a ministerios y otras administraciones.

En el plano interno, la sociedad cambió de presidenta el pasado 2 de septiembre: Maribel Ramos sustituyó a Leire Díaz, nombrada secretaria de Estado tras la muerte de David Lucas.

Qué cambia para el mercado

La fórmula que dibuja el real decreto no es una promoción pública clásica, sino una colaboración en la que el sector privado asume la construcción y la gestión durante décadas con dinero y suelo públicos de por medio. El volumen todavía es modesto frente al tamaño del problema, pero fija un precedente sobre cuánto está dispuesta a poner la Administración por cada vivienda de alquiler limitado. El contexto ayuda a entenderlo: la vivienda pesa en el patrimonio de las familias españolas más que en casi ningún otro país, y el encarecimiento de la financiación, con la subida del euríbor y su efecto en las hipotecas, ha empujado a más hogares hacia el alquiler.