Hacienda empieza a devolver 1.250 millones a grandes empresas del Ibex

Hacienda ha comenzado a devolver a varias grandes multinacionales españolas el dinero que les reclamó hace casi una década por el régimen fiscal que permitía amortizar el fondo de comercio de compras en el extranjero. El Estado ha provisionado 1.250 millones de euros para hacer frente a esos reintegros, según adelanta ABC, aunque el importe final podría crecer por los intereses de demora.

De incentivo a la internacionalización a ayuda de Estado

El origen del caso se remonta a 2002, cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó un incentivo fiscal pensado para impulsar la expansión exterior de las grandes compañías españolas. El mecanismo permitía deducirse el llamado fondo de comercio, es decir, la diferencia entre lo que una empresa paga por otra y el valor contable de los activos que adquiere. Ese sobreprecio podía amortizarse fiscalmente, reduciendo la factura del impuesto de sociedades.

El esquema se aplicó entre 2002 y 2015 y benefició sobre todo a compañías con fuerte actividad corporativa fuera de España. Telefónica cifraba en sus últimas cuentas anuales en más de 2.500 millones el ahorro fiscal obtenido por esta vía.

El problema llegó desde Bruselas. Presionada por varias grandes economías europeas que veían en el dispositivo una ventaja competitiva para las empresas españolas, la Comisión Europea lo calificó como ayuda de Estado, es decir, una ventaja pública selectiva incompatible con las normas de competencia del mercado único. La consecuencia obligada es que el país debe recuperar el dinero.

Las empresas apelaron a la confianza legítima

La Agencia Tributaria puso en marcha la recuperación y las compañías afectadas acudieron a los tribunales. Su argumento: no habían diseñado ni aprobado el incentivo, lo aplicaron confiando en que era legal y no podían asumir el coste de un error regulatorio ajeno. Es lo que en Derecho se conoce como principio de confianza legítima, que protege a quien actúa amparándose en una norma vigente y en el criterio de la propia Administración.

Tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia de la UE terminaron aceptando ese planteamiento. La sentencia del TJUE del 26 de junio de 2025 cerró un litigio a tres bandas —Bruselas, Hacienda y las empresas— que se había prolongado más de dos décadas, y abrió la puerta a que las multinacionales recuperen lo que en su día tuvieron que reintegrar.

Cuánto cuesta: de 1.250 a 8.000 millones, según quién calcule

Aquí no hay consenso. Hacienda sostiene que el impacto será moderado y ha dotado 1.250 millones en las cuentas públicas. El País estimó hace un año, con fuentes empresariales, que el coste para el erario podría alcanzar los 8.000 millones. La diferencia depende de qué expedientes acaben prosperando y de cómo se liquiden los intereses.

El caso de Iberdrola ilustra bien el mecanismo. Según su información financiera de 2025, en 2017 tuvo que devolver al Estado 665 millones: 576 millones por los beneficios fiscales disfrutados y 89 millones adicionales en intereses de demora. Tras la sentencia europea, la eléctrica calculaba a cierre de 2025 que tenía derecho a recuperar 780 millones. Esa cifra sigue creciendo mientras no se ejecute el pago.

Ese es precisamente el riesgo para las arcas públicas. Fuentes empresariales citadas por ABC señalan que, aunque la Agencia Tributaria se ha allanado —es decir, ha aceptado la posición de la parte contraria— en los pleitos pendientes ante los tribunales españoles, algunos procedimientos siguen sin resolverse. Cada día de retraso suma intereses de demora que paga el contribuyente.

Una factura que se acumula

El episodio se suma a otros reveses judiciales en materia tributaria que la Airef ha cuantificado en torno a 3.000 millones de coste extra. No es un asunto menor en un contexto de cuentas públicas tensionadas: la previsión de Funcas sobre los intereses de la deuda apunta a que el servicio de la deuda seguirá ganando peso en el presupuesto en los próximos años.

Para las compañías afectadas, el cobro se traduce en un ingreso extraordinario que irá apareciendo en sus estados financieros conforme Hacienda vaya ejecutando las devoluciones.