Los ganaderos del 'cártel de la leche' preparan demandas por 2.000 millones

Siete años después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara a ocho empresas lácteas y dos patronales por repartirse proveedores y pactar precios, el caso entra en su fase más costosa para la industria: la de las indemnizaciones. Según informa ABC, los ganaderos afectados y los despachos que los representan preparan reclamaciones que en conjunto podrían superar los 2.000 millones de euros.

Qué sancionó la CNMC

El expediente de Competencia se refiere a un cártel que habría operado entre 2000 y 2013 y que afectó al menos a 12.000 ganaderos. La multa impuesta ascendió a 80,6 millones de euros. Un cártel es un acuerdo secreto entre empresas competidoras para fijar precios o repartirse el mercado; en este caso, según la investigación, las industrias no solo alineaban lo que pagaban por el litro, sino que se repartían a los proveedores, de modo que un ganadero descontento con las condiciones no podía llevar su leche a otro comprador.

La CNMC constató que la cuota conjunta de las empresas implicadas superaba el 50% en cada uno de los territorios afectados y apreció un fuerte desequilibrio negociador entre la industria y los granjeros. La Autoridad Catalana de la Competencia llegó a señalar que algunas empresas optaban por no recoger la leche como forma de presión. Entre las compañías citadas en el expediente figuran Puleva, Danone y Pascual, además de Nestlé, Capsa (Central Lechera Asturiana), Lactalis, Central Lechera Galicia y Schreiber Foods, junto a la patronal gallega Aelga.

Por qué las demandas llegan ahora

El retraso se explica por la lentitud de la vía administrativa. Las empresas recurrieron la sanción y el primer respaldo judicial a los afectados no llegó hasta febrero de 2024, cuando la Audiencia Nacional rechazó los argumentos de las sancionadas. En julio de 2025 el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de Nestlé, dejando firme la multa para esa compañía. También han recibido un no del Alto Tribunal Capsa, Aelga, Central Lechera Galicia y Lactalis. Siguen pendientes de resolución los recursos de Pascual, Danone, Puleva —ya integrada en Lactalis— y Schreiber Foods.

A esto se suma un factor decisivo: el Tribunal de Justicia de la UE estableció el año pasado que el plazo de prescripción para reclamar daños no empieza a contar hasta que la sanción es firme, es decir, hasta el pronunciamiento del Supremo. En la práctica, eso concede a los despachos cinco años adicionales para localizar y sumar afectados.

Quién reclama y cuánto

El fondo de litigación Ramco —firmas que financian pleitos a cambio de un porcentaje de la eventual indemnización— agrupa a unos 2.000 ganaderos que pedirán alrededor de 500 millones de euros. Su consejera delegada, Cristina Soler, resume el planteamiento en declaraciones a ABC: «deben repararse los daños y resarcir a las víctimas». Junto a Ramco actúan otros despachos, como Eskariam, Redi Abogados y BGI Law. Sumando todas las vías, unos 10.000 profesionales se han adherido ya a los distintos procedimientos colectivos.

El universo de posibles reclamantes es mucho mayor. España tenía unos 56.000 ganaderos de vacuno de leche en 2000 y menos de 20.000 en 2013, según datos del Ministerio de Agricultura recogidos por el diario.

El problema de calcular el daño

Probar el cártel es una cosa; cuantificar lo que cada granja dejó de ingresar, otra. El expediente de la CNMC incluye correos, notas manuscritas y actas de reuniones incautadas a las empresas, pero convertir eso en euros exige peritajes. Ramco, que litiga junto al despacho Gómez-Acebo & Pombo, ha reunido contratos, facturas y anotaciones de cerca de un millar de ganaderos y un informe de la consultora Oxera que estima el perjuicio en una media de entre el 10% y el 11% del valor de cada litro vendido, más intereses.

Esa vía ya ha dado frutos parciales: la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a las demandadas al pago de cinco millones de euros en unas primeras reclamaciones, un fallo que está pendiente de revisión en el Supremo. El resultado de ese recurso marcará el listón para el resto de litigios.