Barclays afronta una queja formal por financiar la central de carbón de Rampal

Barclays se enfrenta a una queja formal por su vínculo financiero con la central térmica de carbón de Rampal, en Bangladesh, situada junto a los Sundarbans, el mayor bosque de manglar del planeta. La reclamación no busca una multa, sino que un organismo público británico determine si el banco cumplió las reglas internacionales de conducta empresarial. Según informa Merca2, el expediente ha sido admitido a trámite.

Quién ha presentado la queja y ante quién

El caso lo han impulsado tres demandantes de la región afectada ante la Office for Responsible Business Conduct, el organismo del Gobierno del Reino Unido que supervisa el comportamiento de las empresas británicas cuando operan fuera de sus fronteras. Su argumento es que la entidad incumplió las directrices internacionales al actuar como suscriptora de compañías vinculadas al proyecto Maitree, el nombre oficial de la central conocida popularmente como Rampal.

La denuncia sostiene que la instalación, de altas emisiones, agrava la contaminación atmosférica y el riesgo climático sobre un ecosistema declarado patrimonio de la humanidad, en el que viven millones de personas repartidas entre Bangladesh e India. Los manglares, recuerdan los demandantes, funcionan como barrera natural de la costa frente a ciclones y mareas, de modo que su degradación tiene consecuencias directas para las comunidades cercanas.

Qué son las directrices de la OCDE y qué fuerza tienen

El regulador británico deberá valorar si la conducta financiera del banco vulnera las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Se trata de un código de conducta que fija expectativas de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente: exige a las compañías identificar y evaluar los impactos de sus decisiones, incluidas las de financiación, y no limitarse al retorno económico esperado.

La clave está en su naturaleza: no son jurídicamente vinculantes. Los llamados Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, presentes en los países adheridos, actúan como mediadores y emiten conclusiones, pero no imponen sanciones económicas relevantes. Su influencia es reputacional. Aun así, en conflictos anteriores han llevado a grandes corporaciones a revisar políticas internas, y el simple hecho de que un expediente avance ya obliga a la empresa a explicarse públicamente.

El punto de fricción: compromisos climáticos y cartera real

El caso reabre una tensión conocida en la banca europea: la distancia entre los compromisos de neutralidad de emisiones que las entidades publican en sus informes anuales y el destino efectivo del crédito, que sigue llegando a infraestructuras intensivas en carbono, sobre todo en mercados emergentes. La denuncia también plantea una cuestión de fondo: hasta qué punto un banco es responsable del impacto de un proyecto cuando su papel es indirecto, como suscriptor de las empresas implicadas y no como financiador directo de la planta.

El trasfondo regulatorio empuja en la misma dirección. En la Unión Europea, herramientas como la taxonomía verde —la clasificación oficial de qué actividades pueden considerarse sostenibles— y la directiva de información de sostenibilidad (CSRD) obligan a las grandes empresas a detallar el perfil ambiental de sus carteras. Barclays está sujeto al supervisor británico, pero ese marco comunitario se ha convertido en referencia de facto para el sector. En paralelo, los gobiernos discuten cómo repartir el coste de la transición: España, por ejemplo, ha planteado gravar los beneficios del petróleo y el gas en la UE para financiar la adaptación climática.

El desenlace del expediente sobre Rampal no traerá, previsiblemente, consecuencias económicas inmediatas para el banco. Su relevancia es otra: si el organismo británico aprecia méritos en la queja, quedará como precedente sobre el nivel de escrutinio que puede recaer en las decisiones de financiación de proyectos de altas emisiones situados junto a ecosistemas sensibles. Para las entidades, ese escrutinio se traduce en un riesgo que ya no es solo de crédito, sino también legal y reputacional.