Trabajo convoca este mes a los expertos del SMI para fijar la subida de 2027

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que convocará este mes a la comisión asesora del salario mínimo interprofesional (SMI), el grupo de expertos que elabora el informe técnico previo a la decisión del Gobierno. Es el pistoletazo de salida para fijar la cuantía de 2027, en un momento en el que la inflación ha vuelto a repuntar. Lo adelanta Autónomos y Emprendedor, que recoge el anuncio del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

De cuánto se parte

El SMI vigente está fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 40,70 euros diarios y a 17.094 euros anuales para una jornada completa. Esa cifra, aprobada para 2026, supuso un alza del 3,1% y será la referencia sobre la que se calcule la próxima revisión.

El telón de fondo es el repunte de los precios. El indicador adelantado del IPC situó la tasa anual en el 4,9% en septiembre, seis décimas por encima de agosto y el nivel más alto desde febrero de 2023. Ese dato pesará en la negociación, pero conviene no confundirlo con un automatismo: la ley no obliga a que el salario mínimo suba exactamente lo mismo que los precios.

Qué dice la norma

El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores encarga al Gobierno fijar cada año el SMI atendiendo a cuatro elementos: el IPC, la productividad media nacional, la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. El mismo precepto prevé una revisión a mitad de año si las previsiones de precios no se cumplen.

El procedimiento tiene varias fases. Primero, la comisión asesora analiza la evolución de salarios, precios y el resto de variables. Después, el Ejecutivo debe consultar a los sindicatos y a las organizaciones empresariales más representativas antes de aprobar la nueva cuantía por real decreto.

Las posiciones sindicales

Los sindicatos ya han movido ficha. CCOO anunció en septiembre que defenderá para 2027 una subida superior al 5%, si bien matizó que la cifra concreta tendrá que pactarse con UGT. Por su parte, UGT reclamó el 29 de septiembre la convocatoria inmediata de la mesa de diálogo social, vinculando su petición a la pérdida de poder adquisitivo que atribuye a la evolución de los precios.

Son reivindicaciones sindicales, no propuestas del Gobierno. Los porcentajes del 3%, 3,5% o 5% que circulan estas semanas corresponden a escenarios o posiciones de parte: por ahora no existe ninguna cifra oficial sobre la mesa.

Qué supone para quien tiene empleados

Para un autónomo o una pyme con plantilla, la cuantía que se apruebe marca el suelo salarial que deberá garantizar. Según los escenarios que recoge el medio de origen, una subida hipotética del 3% llevaría el SMI a 1.257,63 euros mensuales (512,82 euros brutos más al año para quien cobre el mínimo durante todo el ejercicio); un 3,5%, a 1.263,74 euros (598,29 euros más); y un 5%, a 1.282,05 euros (854,70 euros más). Se trata de simulaciones, no de previsiones oficiales.

A eso hay que sumar las cotizaciones sociales asociadas a la nómina, cuyo importe depende de los tipos aplicables, la actividad y el tipo de contrato. Hace unas semanas, las estimaciones de las asociaciones del sector apuntaban a que subir el SMI al ritmo de la inflación encarecería cada empleado en torno a 1.000 euros anuales.

La incógnita de la compensación y absorción

El impacto no se limita a quienes cobran exactamente el mínimo. La normativa actual aplica las llamadas reglas de compensación y absorción: si el salario percibido en conjunto y en cómputo anual ya supera el SMI, la revisión no obliga necesariamente a modificar la nómina. Habrá que mirar la estructura salarial de cada trabajador, el convenio colectivo y los complementos que forman parte de la retribución.

Aquí entra una variable añadida: Trabajo tramita una reforma sobre la compensación y absorción de determinados complementos salariales. Si prospera, podría cambiar el alcance real que tenga la próxima subida sobre algunas nóminas.

El proceso, en cualquier caso, acaba de arrancar. Tras el informe de los expertos llegará la propuesta del Gobierno y después la negociación con los agentes sociales. Conviene recordar también que, según los datos de ATA, buena parte de los autónomos ingresa menos que el salario mínimo, un argumento recurrente en este debate.