Un informe cifra en 1.900 millones el coste anual de las horas sindicales

El coste de la representación sindical en España asciende a unos 1.900 millones de euros anuales para empresas y administraciones públicas, según una estimación del Instituto Juan de Mariana (IJM) recogida por ABC. El cálculo aparece en el informe «España, farolillo rojo del empleo en Europa», difundido coincidiendo con la jornada de huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios.

Conviene situar de entrada el origen del dato: no se trata de una estadística oficial, sino de una estimación elaborada por un think tank —un centro de estudios de orientación liberal— a partir de datos del Ministerio de Trabajo y de lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Los propios autores atribuyen el carácter aproximado del cálculo a la ausencia de información pública detallada sobre las horas retribuidas que se dedican a tareas sindicales.

Cómo se obtiene la cifra

El punto de partida son los 320.882 delegados contabilizados en España, de los que alrededor del 70% pertenecen a UGT y CC.OO. El informe parte de un consumo medio de 20 horas mensuales por delegado para actividad sindical, concentradas sobre todo en los llamados liberados, es decir, representantes que dedican toda o casi toda su jornada a funciones de representación sin perder su salario.

Multiplicada esa bolsa de horas, el resultado equivaldría al trabajo de unas 44.000 personas a tiempo completo. De los 1.900 millones estimados, en torno a 1.300 millones corresponderían a las dos centrales mayoritarias. El crédito horario de los representantes de los trabajadores está recogido en la legislación laboral y lo asumen las empresas y las administraciones donde esos delegados prestan servicio.

Subvenciones y financiación pública

El informe también revisa las ayudas directas del Estado a los sindicatos, que según los datos del Ministerio de Hacienda citados habrían pasado de 8,9 a 32 millones de euros anuales desde 2020, un incremento del 260%. Esa cantidad equivaldría al 40% de las cuotas sindicales declaradas en el IRPF por los afiliados de todas las organizaciones, que suman 267 millones.

Según los cálculos del IJM, las subvenciones representan el 35% de los ingresos de CC.OO. y el 43% de los de UGT, con la formación para el empleo como principal vía de financiación pública. El texto recuerda además resoluciones judiciales conocidas sobre cursos de formación en Andalucía y detalla que el Plan de Recuperación destinó 98,2 millones a rehabilitar 42 edificios del patrimonio sindical, así como la cesión gratuita de 305 pisos y locales a CC.OO. y 200 a UGT.

El diagnóstico sobre el mercado laboral

El grueso del documento es una crítica al funcionamiento del mercado de trabajo español. Sitúa la tasa de paro al cierre de 2025 en el 10,5%, la más alta de la UE y 1,75 veces la media comunitaria (6%), con un desempleo juvenil del 24,9% y un paro femenino del 11,9%.

El informe sostiene además que buena parte de la caída del paro registrado responde a un cambio de clasificación: entre 2019 y 2025 el descenso fue de 755.000 personas, pero se reduciría a 163.000 si se suman los fijos discontinuos inactivos y otros demandantes con relación laboral. En septiembre de 2026 contabiliza 802.600 demandantes de empleo con relación laboral que no computan como parados. Sobre la temporalidad, reconoce la caída del 22,3% al 13,2%, aunque la atribuye en gran medida al trasvase hacia el contrato fijo discontinuo y señala que en administración, educación y sanidad alcanza el 24,1%.

En materia salarial, el centro de estudios cuestiona la metodología con la que se fija el salario mínimo y calcula que las subidas acumuladas habrían impedido crear unos 238.000 empleos, con 126.000 en su escenario más conservador. Son estimaciones propias del instituto, no cifras oficiales, y conviven con un debate abierto tras la última subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno y con datos de afiliación en máximos según los registros de paro y Seguridad Social de octubre.