España suma 805.663 despidos hasta septiembre, récord desde 2013

Las bajas por despido crecen un 4% y los juzgados reciben 45.230 demandas en un trimestre, pero la comparación con 2009 o 2012 matiza el récord.

El mercado laboral español cerrará 2026 con una cifra llamativa: 805.663 bajas de afiliación por despido entre enero y septiembre, un 4,03% más que en el mismo periodo del año anterior. Es el máximo de la serie que publica la Seguridad Social, según recoge Merca2, aunque el titular necesita matices importantes: esa estadística solo arranca en 2013 y no permite compararse con los peores años de la crisis financiera.

Un récord con fecha de inicio

La estadística de bajas por despido de la Seguridad Social empieza en 2013, cuando la Gran Recesión ya estaba muy avanzada y buena parte del ajuste de empleo se había producido. Decir que 2026 marca un máximo histórico es, por tanto, inexacto: marca un máximo de una serie corta que deja fuera 2009 y 2012, los dos ejercicios en los que España destruyó empleo con más intensidad.

La estadística de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo sí llega más atrás y ofrece otra fotografía. Solo entre enero y septiembre de 2009 hubo 50.057 personas afectadas por despidos colectivos, más que las 41.200 contabilizadas en todo 2025 y muy por encima de las 16.931 registradas en los cinco primeros meses de este año. Y esos 41.200 de 2025 equivalen aproximadamente a la mitad de los afectados en 2012, el peor ejercicio de aquella crisis.

Por qué 2020 tampoco sirve de referencia

La comparación con la pandemia falla por el motivo contrario. En 2020 el ajuste no se canalizó mediante despidos, sino a través de los ERTE —expedientes de regulación temporal de empleo, que suspenden el contrato sin extinguirlo—. Más de 3,5 millones de trabajadores llegaron a estar simultáneamente en esa situación, de modo que las extinciones colectivas quedaron contenidas artificialmente. Medir 2026 contra 2020 en número de despidos no dice gran cosa sobre la salud relativa del mercado laboral.

Donde 2026 sí marca máximos: los juzgados

Hay un terreno en el que el ejercicio actual supera tanto a la pandemia como a la crisis financiera: la conflictividad judicial. Los juzgados de lo Social recibieron 45.230 demandas por despido en el segundo trimestre del año, el registro más alto de la serie del Consejo General del Poder Judicial. La cifra queda por encima de las 41.878 del primer trimestre de 2013 y de las 41.597 del tercer trimestre de 2020.

Que aumenten las demandas no implica necesariamente que aumenten los despidos improcedentes: también influye que más trabajadores con contrato indefinido tengan incentivos para reclamar la calificación de su cese y la indemnización correspondiente. Pero el dato sí apunta a una relación laboral que termina cada vez más veces en un pleito.

El riesgo individual ha subido un 48%

El indicador más revelador es la intensidad relativa, es decir, cuántos despidos se producen por cada mil asalariados. En 2018 se registraban 3,7 bajas por despido por cada mil trabajadores por cuenta ajena; en 2026, la ratio ha subido a 5,3, un incremento del 48%. Dicho de otro modo: para un asalariado concreto, la probabilidad de ser despedido es hoy sensiblemente mayor que hace ocho años, aunque el volumen total de empleo sea mucho más alto.

Una parte de esa subida tiene una explicación técnica. La reforma laboral impulsó la contratación indefinida, y un contrato indefinido solo puede extinguirse por la vía del despido, mientras que un temporal se extingue por finalización sin generar un alta en esa estadística. Al sustituir temporalidad por indefinidos, el mismo nivel de rotación aflora ahora como despido. Aun así, el conjunto de cifras desmiente la idea de que el mercado laboral español se haya vuelto claramente más estable.

Qué significa para empresas y trabajadores

Para una pyme, el aumento de la litigiosidad encarece la gestión de las salidas: cada extinción mal documentada puede acabar en una reclamación. Para el trabajador, el mensaje es que la mayor estabilidad contractual no se traduce automáticamente en menor riesgo de perder el empleo.

El contexto llega además en un año de tensión en la negociación colectiva y de cambios regulatorios relevantes, como la nueva subida del salario mínimo interprofesional, que condicionan los costes laborales de las empresas.