La ONU dice que la jueza debió frenar el desahucio de una inquilina de 87 años

El desahucio de una mujer de 87 años en el barrio madrileño del Retiro ha abierto un debate que va más allá del caso concreto: hasta qué punto la legislación española de arrendamientos protege a los inquilinos vulnerables frente a la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. El relator de la ONU para el derecho a la vivienda, el jurista español Koldo Casla, ha sostenido que la jueza del caso "debería haber suspendido temporalmente el desahucio", según recoge elDiario.es.

Qué había pedido Naciones Unidas

Hace unos meses, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU —el órgano que vigila el cumplimiento del pacto internacional que incluye el derecho a una vivienda adecuada— adoptó medidas cautelares sobre este expediente y reclamó a España que paralizase el lanzamiento. El comité dio de plazo al Estado hasta diciembre para presentar un informe sobre las medidas adoptadas para evitar un desahucio sin alternativa habitacional, y pidió que se suspendiera o se ofreciera un alojamiento adecuado.

Nada de eso ocurrió. La inquilina, María del Carmen Abascal, fue sacada en camilla de la vivienda en la que residía desde 1956, pese a la resistencia de los manifestantes concentrados en el portal. Según Casla, el resultado es que España incumple obligaciones internacionales asumidas voluntariamente: mantener la medida cautelar habría servido, dice, "para evitar un daño irreparable" y permitir al país cumplir de buena fe con esos compromisos.

El fondo jurídico: contratos antiguos y subrogación

El caso arranca en un contrato de alquiler de renta antigua firmado por el padre de la inquilina y subrogado por la madre tras su fallecimiento. De acuerdo con la propiedad, la empresa Urbagestión, y con el criterio del Tribunal Supremo, ese contrato dejó de tener validez en 2007, dos años después de morir la madre. La sociedad propietaria rechazó negociar una solución con la inquilina o con el Gobierno.

Es un supuesto que afecta a miles de arrendamientos firmados antes de las sucesivas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos: contratos con rentas muy por debajo del mercado cuyas cadenas de subrogación —el derecho de un familiar a continuar en el contrato tras la muerte del titular— tienen límites legales que, al agotarse, dejan al ocupante sin título.

La crítica: falta un juicio de proporcionalidad

El punto central de la crítica del relator, profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Essex, es que "la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado". Es decir, que el juez no está obligado a ponderar caso por caso las circunstancias personales del inquilino frente al derecho del propietario.

"No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa", afirma Casla.

El relator añade dos ideas con alcance normativo: que ningún desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debería ejecutarse hasta que el ayuntamiento o la comunidad autónoma ofrezcan una alternativa viable, y que un gran tenedor no debería poder modificar unilateralmente las condiciones del alquiler como paso previo a expulsar al arrendatario. "Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte", zanja.

El Defensor del Pueblo pide medidas urgentes

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado también medidas urgentes para evitar desahucios de personas vulnerables y ha insistido en que las administraciones ofrezcan soluciones que impidan episodios como este, que describe como "una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder".

La afectada pasará la noche en casa de familiares. La única alternativa que se le planteó desde la Comunidad de Madrid fue una plaza en residencia. El caso reabre la discusión sobre la oferta de alquiler y el acceso a la vivienda en España, un problema que los analistas del sector vinculan a un déficit persistente de oferta de vivienda y que también se refleja en el peso creciente del alquiler en el gasto de los hogares.