El Congreso tumba el decreto de vivienda y deja sin prórroga a dos millones de contratos

Tres días. Ese fue el tiempo que estuvo en vigor el real decreto ley de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre y derogado por el Congreso el viernes siguiente, después de que Junts se alineara a última hora con PP y Vox. Con la convalidación fallida decaen todas las medidas que contenía, entre ellas la prórroga automática de contratos de alquiler y la suspensión de determinados desahucios.

El efecto no es menor: según datos del Ministerio de Consumo citados por elDiario.es, dos millones de contratos de alquiler vencen en España antes de 2029, lo que afecta a alrededor de cinco millones de arrendatarios. Todos ellos volverán a regirse por las reglas anteriores.

Qué contenía la norma derogada

El decreto, bautizado popularmente como decreto Maricarmen en referencia al caso de una inquilina de 87 años desahuciada en Madrid, incluía un paquete de medidas con vigencia temporal:

• Prórroga de dos años para todos los contratos de arrendamiento que finalizaran hasta 2028.
• Prohibición, hasta 2030, de ejecutar desahucios contra familias en situación de vulnerabilidad acreditada.
• Una regulación más estricta de los alquileres de temporada y del arrendamiento por habitaciones, fórmulas que en los últimos años han servido para esquivar las limitaciones de la Ley de Vivienda.

La derogación deja también en el aire el encaje de otras medidas ya anunciadas, como la limitación de las subidas en los alquileres más caros, que formaba parte del mismo paquete normativo.

Desahucios que dependían de una fecha

La brevedad de la norma ha generado situaciones desiguales según el día en que estaba señalado cada lanzamiento. En los días previos a la votación, varios jueces aplazaron desahucios a la espera de conocer la decisión del Congreso. Es el caso de Juanita, de 78 años, vecina de Sant Adrià del Besòs, y de Seha, residente en Cornellà de Llobregat. En Mataró, en cambio, una familia con un miembro con discapacidad fue desalojada el lunes anterior, antes de que el decreto desplegara efectos.

El contexto es el de un mercado tensionado tras la caída, en enero, del llamado escudo social contra los desahucios, vigente desde la pandemia. El Sindicato de Inquilinas sostiene que ese vencimiento ya disparó los desalojos. Su portavoz, Carme Arcarazo, advierte de un escenario de «decenas de miles de desalojos» y considera que la situación es «una temeridad» dados los niveles actuales de sinhogarismo. La organización ha planteado avanzar hacia una huelga general por la vivienda.

La cuestión de los desahucios de personas mayores y vulnerables ya había llegado a instancias internacionales: el relator de Naciones Unidas cuestionó recientemente un desalojo en Madrid por la falta de alternativa habitacional.

Contratos que vencen y subidas por IPC

Más allá de los casos extremos, el decreto afectaba a inquilinos con contratos próximos a su fin. En Erandio (Bizkaia), la familia de Félix vio expirar su contrato el mismo 29 de septiembre: el fondo Mosaic compró el edificio y no renueva arrendamientos. «El decreto nos hubiera dado aire para respirar», resume su hijo.

Otro frente son las actualizaciones de renta. Aurora y Alberto, en Cieza (Murcia), firmaron antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y han pasado de pagar 650 euros a 711,25 euros por un piso de 70 metros cuadrados, por efecto de las revisiones ligadas al IPC. Su contrato vence en marzo de 2028, dentro del periodo que la norma derogada habría cubierto.

Qué cambia a partir de ahora

Sin el decreto, los contratos se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos y por la Ley de Vivienda de 2023, con sus prórrogas ordinarias y, en zonas declaradas tensionadas, con los límites de precio que cada comunidad autónoma haya decidido aplicar. Los contratos firmados antes de esa ley mantienen sus propias cláusulas de actualización.

El Gobierno no ha precisado por el momento si intentará recuperar alguna de las medidas por vía de proyecto de ley, un trámite más lento que el decreto pero que permite negociar enmiendas. Información publicada originalmente por elDiario.es.