El PP diseña un paquete fiscal equivalente a 800 euros por familia en 2027

El Partido Popular trabaja en un paquete de rebajas fiscales de aplicación inmediata para el caso de que llegue al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. Según ha adelantado ABC, las medidas se concentran en tres frentes —el recibo de la luz, la cesta de la compra y la fiscalidad de las familias con hijos— y sus promotores calculan un efecto equivalente a una devolución de unos 800 euros por familia a lo largo de 2027.

Duplicar los mínimos por descendientes en el IRPF

La pieza central del plan es la actualización de los llamados mínimos por descendientes del IRPF. Se trata de la parte de la renta que Hacienda considera imprescindible para mantener a los hijos y que, por tanto, queda fuera de tributación. Esas cuantías no se revisan desde 2015, de modo que la inflación acumulada ha ido erosionando su valor real.

La propuesta consiste en duplicarlas. El mínimo por el primer hijo pasaría de 2.400 a 4.800 euros (de 2.800 a 5.600 si es menor de tres años); el del segundo, de 2.700 a 5.400; el del tercero, de 4.000 a 8.000; y el del cuarto y siguientes, de 4.500 a 9.000 euros.

Traducido a casos concretos: un contribuyente con dos hijos mayores de tres años vería crecer su mínimo exento conjunto —sumando el personal— de 10.650 a 15.750 euros, con un ahorro estimado de unos 630 euros. Con tres hijos, la exención subiría de 14.650 a 23.750 euros y el ahorro rondaría los 1.000 euros. El coste para las arcas públicas se cifra en unos 1.700 millones de euros.

El vicesecretario de Economía del partido, Alberto Nadal, sostiene que la política fiscal del Ejecutivo ha castigado especialmente a los hogares con hijos y defiende reconocer «de forma estructural el coste adicional» que soportan. El Registro de Asesores Fiscales estima en torno a 500 euros anuales el sobrecoste que asumen las familias por no deflactar la tarifa del IRPF, es decir, por no ajustar tramos y mínimos a la subida de precios.

Luz y alimentos: dos medidas sobre los impuestos indirectos

El segundo frente es la factura eléctrica. El PP plantea eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), un gravamen del 7% sobre los ingresos de los generadores que se aprobó en 2013, con Mariano Rajoy en La Moncloa, en plena urgencia recaudatoria. Según cálculos del sector eléctrico citados por el diario, ese tributo añade entre un 5% y un 6% al recibo, de modo que su supresión supondría unos 5 euros menos al mes y en torno a 70 euros anuales por hogar.

El tercero es la cesta de la compra. La idea es rebajar al 0% el IVA de los alimentos básicos, la carne y el pescado durante un periodo de tres meses, prorrogable en función de cómo evolucionen los precios. Los populares sostienen que España no necesitaría pedir una autorización extraordinaria a Bruselas para hacerlo. El coste calculado es de 1.750 millones de euros por trimestre y el alivio para una familia de cuatro miembros, de unos 200 euros en ese mismo periodo.

Vivienda, redes eléctricas y concesiones

El plan fiscal se completa con la vivienda. Hace unas semanas el partido presentó un paquete orientado a reducir en 26.000 euros la factura fiscal de los jóvenes que compran su primera casa: bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF para el ahorro destinado a vivienda, rebaja del IVA de obra nueva del 10% al 4% y exención de las donaciones familiares cuando se destinen a la compra. Es la línea que Feijóo ya trasladó a la empresa familiar, junto con la deflactación del IRPF. El Banco de España cifra en 750.000 los hogares que querrían comprar y no pueden por falta de oferta o de capacidad financiera.

Fuera del terreno tributario, el partido identifica la falta de conexiones eléctricas como «el principal cuello de botella para la actividad económica», en palabras de Nadal, y promete medidas regulatorias para desatascarlo en un plazo de 12 a 18 meses. También plantea recuperar el modelo concesional en infraestructuras —que la inversión la adelante el sector privado y se recupere vía explotación— para no cargar el déficit sobre las cuentas públicas, y modificar el sistema de nombramientos en organismos reguladores y empresas públicas.

Conviene recordar que se trata de propuestas de un partido en la oposición, condicionadas al resultado electoral y, en su caso, a la aritmética parlamentaria. Ni los importes ni los calendarios están aprobados. El debate llega, además, en un momento en el que otras decisiones con efecto directo sobre los hogares, como el decreto de vivienda publicado en el BOE, siguen su propio recorrido.