El decreto de centros de datos llega al Consejo de Ministros entre avisos de fuga de inversión
El Gobierno prevé aprobar el real decreto de centros de datos. El sector avisa de que los requisitos renovables desviarán proyectos a Francia y Portugal.

El Gobierno tiene previsto llevar el real decreto de centros de datos a un Consejo de Ministros extraordinario el viernes 20 de noviembre, según las fuentes citadas por Economía Digital. La norma llega tras meses de choque con las grandes compañías del sector, que sostienen que las condiciones energéticas previstas encarecerán los proyectos y empujarán parte de la inversión hacia otros mercados europeos.
El asunto importa más allá del sector: los centros de datos son las instalaciones donde se alojan los servidores que sostienen la computación en la nube y, cada vez más, el entrenamiento y uso de sistemas de inteligencia artificial. Son infraestructuras intensivas en electricidad y en capital, y España compite por atraerlas con países como Francia, Portugal o Irlanda.
El punto de fricción: renovables hora a hora
El núcleo del conflicto está en la obligación de que estas instalaciones cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable, pero con un matiz decisivo: la exigencia de correlación temporal entre generación y consumo. Dicho de otro modo, no bastaría con firmar contratos de compra de electricidad verde a largo plazo; habría que acreditar que esa energía renovable se está generando en las mismas horas en que el centro consume.
Los operadores alegan que el sistema eléctrico español aún no tiene suficiente generación renovable y capacidad de almacenamiento para cumplir ese requisito sin un sobrecoste importante. El Ministerio para la Transición Ecológica es el departamento que ha impulsado las condiciones.
Inversiones en revisión
Algunas compañías ya han empezado a replantear sus planes de expansión en España. Quetta Data Centers, participada por Azora y CoreTech, es el caso más explícito: su consejero delegado, Paco González, ha advertido en declaraciones al medio de origen de que trasladaría a Portugal 320 millones de euros en inversiones aún no ejecutadas si la regulación se aprueba en sus términos actuales.
La empresa maneja una hoja de ruta de 500 millones para desarrollar centros de datos en España, de los que ya ha comprometido 180 millones en dos proyectos —uno en Madrid y otro en Barcelona—, con 90 millones en cada emplazamiento. «Portugal siempre estuvo en el roadmap. Lo único que estaríamos haciendo es cambiar el orden de los factores», afirmó González. El directivo calcula que las nuevas exigencias podrían multiplicar por tres el coste de levantar una instalación en España frente a Portugal.
También Merlin Properties, una de las socimis más activas en infraestructuras digitales, ha puesto cifras al impacto: estima que necesitaría 863 millones adicionales para adaptar su Plan MEGA a las exigencias del decreto, un 11,3% más sobre la inversión prevista. La compañía confía en recuperar en torno al 35% de ese sobrecoste, aunque ha incorporado a sus previsiones el escenario más desfavorable. Su consejero delegado, Ismael Clemente, ha criticado la tramitación de la norma y considera que el texto sigue planteando requisitos muy difíciles de cumplir para promotores privados.
Madrid anuncia batalla legal
La Comunidad de Madrid, principal polo español de este negocio, se ha posicionado en contra. Su consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha asegurado que el Gobierno regional peleará contra el decreto y recurrirá a las vías legales disponibles si sale adelante: «Tal y como está ahora diseñado no puede salir al mercado».
Según los datos aportados por el Ejecutivo madrileño, la región cuenta con 40 centros de datos en funcionamiento y otros 17 en construcción, con la previsión de llegar a 57 instalaciones en 2028 y una potencia instalada de 800 megavatios.
Más de 600 alegaciones y un dictamen con reparos
El enfrentamiento viene de la primera versión del proyecto, que acumuló más de 600 alegaciones de empresas, asociaciones y administraciones. Los operadores pidieron cambios en los requisitos energéticos, en los plazos de adaptación y en las condiciones de acceso a la red eléctrica.
A principios de noviembre, el Consejo de Estado dio vía libre a la tramitación, aunque reclamó incorporar varias observaciones esenciales: justificar mejor el impacto económico de las nuevas obligaciones, reforzar el carácter público de la supervisión, delimitar el régimen sancionador y suprimir ciertas facultades para modificar de forma discrecional los porcentajes de exigencia renovable. Ese dictamen despejó el camino para aprobar la norma antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita que ya está condicionando decisiones de inversión: varios fondos han aplazado operaciones inmobiliarias hasta conocer el resultado.
Hasta que no se publique el texto definitivo, no se sabrá qué observaciones ha recogido el Gobierno ni qué plazos de adaptación concede. De ello depende que las cifras de sobrecoste que manejan las compañías se confirmen o se moderen.
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Elaborado a partir de información publicada por Economía Digital · Fuente primaria: documento original