Feijóo ofrece a la empresa familiar deflactar el IRPF y un plan de vivienda

El presidente del PP y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, utilizó su intervención en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar para adelantar el programa económico con el que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre. Según recoge Expansión, su discurso giró en torno a tres ejes: rebaja de impuestos, un plan masivo de construcción de vivienda y una reforma de la gestión del absentismo laboral.

El foro, que reúne cada año a empresas de propiedad familiar, se ha convertido en una tribuna habitual para que los responsables políticos expongan sus planes ante el tejido empresarial. En la misma cita, el alcalde de Madrid defendió menos intervención pública en la actividad económica.

Deflactar el IRPF: qué significa

La medida fiscal más concreta que planteó Feijóo es la deflactación de la tarifa del IRPF. Deflactar consiste en ajustar los tramos del impuesto a la inflación, de modo que una subida salarial que solo compensa la pérdida de poder adquisitivo no empuje al contribuyente a un tramo superior ni le haga pagar proporcionalmente más. Su argumento es que, con la escalada de precios de los últimos años, buena parte de los incrementos salariales ha acabado absorbida por el impuesto de la renta.

El líder del PP enmarcó esa medida en un plan de competitividad en el que, aseguró, "los impuestos no se van a subir" y en el que, al contrario, sostiene que "hay que bajar los impuestos". No detalló en el foro el coste recaudatorio de la propuesta.

Vivienda: IVA e ITP al 4% para menores de 35 años

El segundo bloque se centró en el acceso a la vivienda, que calificó como el mayor fracaso del Ejecutivo actual. Para los compradores menores de 35 años propone rebajar al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales —el tributo autonómico que grava la compra de vivienda usada— y reclama que el Gobierno central reduzca también al 4% el tipo de IVA aplicable a la vivienda nueva, lo que a su juicio supondría una rebaja impositiva del 60% para ese colectivo. A ello sumaría avales públicos de hasta el 100% del precio de compra.

Feijóo citó datos del Banco de España sobre un déficit acumulado de entre 750.000 y un millón de viviendas, y señaló que el periodo 2019-2023 ha sido el de menor construcción de obra nueva de la democracia. Como consecuencia, apuntó que los jóvenes españoles son los que más tarde se emancipan de la Unión Europea.

Su plan pasa por levantar entre 200.000 y 250.000 viviendas al año, un ritmo que, según sus cálculos, generaría entre 500.000 y 600.000 empleos. Propone movilizar suelo público para que las promociones que salgan de él tengan un precio un 30% inferior, financiándolo con inversión y no con deuda o gasto público adicional.

En el plano normativo plantea reformar la ley antiocupación y la ley del suelo para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios, reducir los plazos de tramitación urbanística de diez a cuatro años, aplicar el silencio administrativo cuando un ayuntamiento no resuelva una licencia en 90 días y permitir obras menores mediante declaración responsable. El debate llega tras el rechazo parlamentario al último decreto de vivienda.

Absentismo: bonus malus para las empresas

El tercer eje responde a una de las preocupaciones más repetidas por la patronal. Feijóo cifró en 1.200.000 los trabajadores que faltan cada día a su puesto, frente a los 450.000 de 2018, y situó el coste asociado por encima de los 30.000 millones de euros, desde los cerca de 13.000 millones de aquel año.

Para corregirlo propone coordinar a los médicos de atención primaria con los evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, crear un sistema de información clínica compartido que evite duplicar trámites e introducir un modelo de bonus malus: las empresas con menores tasas de incapacidad temporal verían reducidas determinadas obligaciones y costes.

Todas las medidas están condicionadas a un eventual triunfo electoral y a la formación de Gobierno, por lo que de momento se trata de compromisos de campaña sin desarrollo normativo ni cuantificación presupuestaria pública.