España encabeza el ranking mundial de laudos de inversión impagados

España es el país del mundo con más laudos de arbitraje internacional de inversión pendientes de cumplimiento. Acumula 25 resoluciones impagadas, por delante de Venezuela y Rusia, según la quinta edición del Report on Compliance with Investment Treaty Arbitration Awards, el informe anual que elabora el International Law Compliance Institute, un centro de análisis jurídico con sede en Países Bajos dirigido por el jurista Nikos Lavranos. La noticia la ha recogido ABC Economía.

Qué es un laudo y por qué importa

Un laudo arbitral es la decisión que dicta un tribunal privado al que Estados e inversores extranjeros acuden para resolver sus disputas al margen de los juzgados nacionales. Cuando ese tribunal da la razón al inversor, el Estado queda obligado a indemnizarle. Si no paga, el laudo pasa a engrosar la lista de resoluciones pendientes de ejecución, que es exactamente la que encabeza ahora España.

Primera por número, tercera por dinero

El ranking cambia según se mire el recuento o el importe. En número de laudos, España va primera con 25, seguida de Venezuela con 24 y de Rusia con 13. En dinero pendiente, el orden se invierte: Rusia encabeza la lista con 61.800 millones de dólares sin abonar, Venezuela le sigue con 19.300 millones y España queda tercera, con algo más de 2.000 millones de dólares.

La diferencia se explica por el tipo de reclamación. En el caso español no hay expropiaciones masivas de activos petroleros ni confiscaciones, sino un número muy alto de litigios de cuantía individual relativamente moderada, presentados por fondos de inversión y sociedades que entraron en el sector energético.

El origen: las primas a las renovables

Prácticamente todos los procedimientos que afectan a España tienen la misma raíz. Durante la etapa de expansión de la energía solar y eólica, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un sistema de primas para retribuir esas instalaciones. Años después, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recortó y reformuló ese régimen con efectos sobre inversiones ya realizadas.

Los inversores extranjeros que habían comprometido capital con las condiciones anteriores acudieron al arbitraje amparándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo internacional que protege las inversiones en el sector energético y que permite demandar directamente a los Estados. El resultado fue una oleada de reclamaciones cuyo desenlace todavía colea.

Ejecutar los laudos dentro de la UE sigue siendo difícil

El informe subraya que hacer efectivos estos laudos dentro de la Unión Europea continúa siendo complejo, por el choque entre el derecho comunitario y el arbitraje entre inversores y Estados miembros. De ahí que los intentos de cobro se hayan desplazado a otras jurisdicciones: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y Suiza aparecen como los escenarios donde estos procedimientos han ganado peso.

Un mapa de disputas que se está moviendo

A cierre de 2025 se contabilizaban 1.463 procedimientos de arbitraje de inversión iniciados. De ellos, 1.112 habían concluido, 311 seguían en tramitación y 40 tenían una situación desconocida por las cláusulas de confidencialidad pactadas entre las partes.

Entre los casos cerrados, el reparto de resultados es este:

• El 38% terminó con una decisión favorable al Estado demandado.
• El 28% dio la razón al inversor.
• El 17% se cerró con un acuerdo entre las partes.
• El 13% fue discontinuado.

El estudio detecta además un cambio de tendencia: países europeos tradicionalmente exportadores de capital, como Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica e Irlanda, están recibiendo cada vez más reclamaciones. Y ocurre pese a la retirada de la Unión Europea y de varios Estados miembros del Tratado sobre la Carta de la Energía.

La red de acuerdos que sostiene este sistema sigue creciendo. Durante 2025 se firmaron al menos 24 nuevos tratados bilaterales de inversión y 20 acuerdos económicos amplios con cláusulas sobre inversiones. El total acumulado de tratados y acuerdos internacionales de inversión llegó a 3.369, de los que 2.865 son bilaterales.

La conclusión que plantea el instituto es que una controversia internacional no queda resuelta con la sentencia arbitral, sino cuando se cumplen las obligaciones que fija el tribunal, incluido el pago de las indemnizaciones cuando procede. Para España, ese pago pendiente supone una factura abierta que arrastra desde hace más de una década y que condiciona su reputación ante los inversores extranjeros del sector energético.