España se juega 1.362 millones de fondos europeos, la mitad ligada a pymes y formación

España tiene en el aire 1.362 millones de euros de los fondos europeos Next Generation después de que la Comisión Europea decidiera suspender de forma temporal una parte del quinto y del sexto desembolso del Plan de Recuperación. Bruselas todavía no ha dado ese dinero por perdido: debe revisar antes la documentación que presente el Gobierno. La cuestión importa especialmente a los pequeños negocios, porque una parte relevante de esos fondos está ligada a formación, digitalización y proyectos dirigidos a microempresas y emprendedores.

Qué está suspendido y por qué

De la cifra total, 537 millones corresponden al sexto pago y están vinculados a tres compromisos que la Comisión no ha podido verificar: la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia y distintos proyectos destinados a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas.

La tesis del Gobierno es que el problema no es que las actuaciones no se hayan hecho, sino cómo se redactaron los llamados hitos —los objetivos concretos que cada país se compromete a cumplir para cobrar cada tramo— y qué pruebas exige Bruselas para acreditarlos. Por eso se acordó reformular esos hitos sin rebajar el nivel de exigencia y aplazar su evaluación al séptimo y último desembolso.

Los otros 825 millones que siguen retenidos proceden del quinto pago. Se relacionan sobre todo con la reforma fiscal del diésel y con la reducción de la temporalidad en el empleo público, dos compromisos que la Comisión considera incompletos.

Lo que sí se ha cobrado

El sexto desembolso permitió ingresar en agosto 6.234 millones de euros: 5.226 millones en transferencias, es decir, dinero a fondo perdido, y 1.008 millones en préstamos. En esa cantidad se incluyeron 265 millones netos que habían quedado pendientes de la solicitud anterior y que finalmente se desbloquearon.

En el quinto pago, Bruselas había congelado inicialmente unos 1.127 millones repartidos en tres incumplimientos: 627 millones por la temporalidad en el sector público, unos 460 millones por la fiscalidad del diésel y alrededor de 40 millones por la digitalización de administraciones autonómicas y locales. Después, la Comisión dio por cumplido el objetivo de digitalización y reconoció un avance mayor en la reforma fiscal, lo que liberó 302 millones brutos, unos 265 millones netos.

Un calendario muy ajustado

El plazo para ejecutar las reformas e inversiones del Mecanismo de Recuperación terminó el 31 de agosto de 2026. La Comisión ha advertido de que lo que se haga después de esa fecha no servirá para justificar los compromisos suspendidos.

España tiene hasta el 30 de septiembre para presentar la séptima y última solicitud de pago, acompañada de declaraciones, auditorías y pruebas de las actuaciones ejecutadas dentro de plazo. Esa petición incluirá la evaluación de 148 hitos y permitirá reclamar 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos. Entre esos hitos figurarán los tres compromisos atascados del sexto pago.

Por qué afecta a las pymes

Según los datos publicados por el Gobierno y recogidos por Autónomos y Emprendedor, el 70% de los beneficiarios del Plan de Recuperación son microempresas y pymes, aunque concentran en torno al 40% del dinero concedido.

Hasta mayo de 2026, las administraciones habían convocado más de 95.400 millones de euros y resuelto ayudas por 68.534 millones. Una cuarta parte de las concesiones se destinó a modernizar el tejido industrial y otro 12% a actuaciones de transición energética.

• Kit Digital: más de 3.690 millones concedidos a unos 900.000 autónomos y pymes.
• Kit Consulting: 316 millones repartidos entre más de 23.000 pequeños negocios para contratar asesoramiento digital.
• Instrumentos financieros a través del ICO, Cofides, la SETT y el Fondo de Resiliencia Autonómica: 12.518 millones canalizados, con unos 10.800 millones en operaciones aprobadas o formalizadas al cierre del primer semestre de 2026.

La decisión final depende ahora del análisis que haga Bruselas de la documentación española. Hasta entonces, las cifras que circulan oscilan entre los 1.362 millones brutos y estimaciones cercanas a 1.400 millones, una diferencia que se explica por el desfase habitual entre importes brutos y netos. El desenlace marcará cuánto dinero europeo llega finalmente a programas de digitalización y formación que han sido, en los últimos años, una de las principales vías de apoyo público al pequeño negocio, en un contexto en el que la inflación y el euríbor presionan los presupuestos.