Urbas cierra el caso penal de 2015 mientras negocia su convenio de acreedores

La Audiencia Nacional ha declarado firme la absolución de los directivos de Urbas por las supuestas irregularidades en la ampliación de capital que el grupo inmobiliario realizó en 2015. El cierre definitivo de ese frente judicial llega justo cuando la compañía intenta que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dé por aceptada la propuesta de convenio con la que aspira a salir del concurso de acreedores sin pasar por la liquidación. Así lo ha informado Economía Digital.

Qué se juzgaba

El procedimiento arrancó por una operación de hace más de una década: una ampliación de capital de 384,488 millones de euros que Urbas ejecutó aportando el 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias. Una ampliación de capital es la emisión de nuevas acciones para captar recursos; en este caso, el pago no fue en dinero, sino en activos inmobiliarios.

La Fiscalía Anticorrupción sostenía que esos activos se habían valorado muy por encima de su valor real, de modo que quienes recibieron acciones de Urbas a cambio estarían entregando un patrimonio de menor valor del declarado, con el consiguiente perjuicio para los inversores. La Audiencia Nacional no lo vio así: en su sentencia del 20 de abril absolvió a todos los acusados al entender que no quedó acreditado ni un perjuicio para la sociedad ni un beneficio para sus administradores.

La Fiscalía recurrió en septiembre, pero el tribunal rechazó sus argumentos. Agotado el plazo para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sala de Apelación ha dictado un auto que convierte la absolución en firme. Es decir, el asunto ya no admite más recorrido judicial.

El otro frente: el concurso de acreedores

El cierre penal no resuelve el problema principal de la compañía, que es financiero. Urbas arrastra desde 2025 una crisis de deuda que la llevó a pedir el concurso voluntario de acreedores en septiembre de ese año, después de no lograr cerrar en plazo su proceso de reestructuración. Meses antes había presentado un plan que, según la propia empresa, contaba con el respaldo del 76,8% de la deuda nominal.

La solicitud se planteó en un primer momento como una vía preventiva, con las negociaciones todavía abiertas. Finalmente, el concurso fue declarado en enero de 2026. Desde entonces el objetivo de la compañía ha sido evitar la liquidación, lo que exige alcanzar un acuerdo con los acreedores: el llamado convenio, un pacto que fija cómo y en qué plazos se pagará la deuda y que necesita determinadas mayorías para ser aprobado.

Las adhesiones que ha reunido

El recorrido no ha sido cómodo. En los primeros meses del procedimiento, la propuesta encontró rechazo entre varios acreedores y la propia administración concursal llegó a cuestionar su viabilidad. La situación ha cambiado en las últimas semanas.

Según la comunicación remitida por Urbas a la CNMV, 45 acreedores han dado su apoyo a la propuesta, con adhesiones por valor de 54,7 millones de euros. Esa cifra equivale al 61,19% del pasivo ordinario incluido en la lista de acreedores. Enfrente, quienes se han posicionado en contra suman 24,5 millones, el 27,48%.

Con esos números, la empresa considera que se cumplen las mayorías que exige la Ley Concursal y ha pedido al juzgado que proclame la aceptación del convenio. La decisión está ahora en manos del tribunal.

Entre los acreedores que no han respaldado la propuesta figuran varias entidades financieras y organismos públicos: Abanca, CaixaBank, BBVA, Asefa, la Agencia Tributaria y la Sareb, según la documentación recogida por Invertia y citada por Economía Digital.

Por qué importa

Urbas es una compañía cotizada, de modo que el desenlace afecta a sus accionistas minoritarios, a sus acreedores —entre ellos, la propia Hacienda— y a los proveedores y plantillas de las filiales del grupo, que opera en construcción y servicios. Si el juzgado proclama la aceptación del convenio, la empresa podría encarar un calendario de pagos y continuar su actividad; si no, el escenario alternativo en un concurso es la fase de liquidación, con la venta ordenada de los activos para repartir lo obtenido entre los acreedores.

Conviene recordar que las cifras de adhesiones proceden de la propia compañía y que la validación corresponde al juzgado, que debe comprobar si las mayorías alcanzadas cumplen realmente lo previsto en la norma concursal.