Consumo multa a Avis con un millón por cobrar la gestión de multas de tráfico

El Ministerio de Consumo ha sancionado a Avis con un millón de euros por aplicar a sus clientes un recargo por gestionar las multas de tráfico recibidas durante el alquiler del vehículo. La resolución, de la que informa Merca2, califica la práctica como infracción muy grave y la sitúa en el grado máximo.

El cargo cuestionado oscilaba entre 33,88 y 45 euros y cubría dos gestiones: ocuparse del pago de la sanción y comunicar a la Administración la identidad de quien conducía el coche en el momento de la infracción.

Por qué Consumo considera abusivo el recargo

El argumento del ministerio es que ese trámite no constituye un servicio adicional que se pueda facturar aparte. Identificar al conductor es una obligación legal del titular del vehículo, y en un coche de alquiler el titular es la propia compañía arrendadora. Cobrar por cumplir un deber propio, sostiene la resolución, rompe el equilibrio del contrato en perjuicio del consumidor.

A eso se suma una agravante de peso: según el expediente, una sentencia previa dictada en Vitoria ya había condenado a la empresa a eliminar la cláusula, a dejar de aplicarla en los contratos en vigor y a no volver a incorporarla. La continuidad de la práctica pese a ese fallo es lo que ha llevado a Consumo a imponer la cuantía máxima.

Conviene acotar el alcance de la decisión. Consumo no ha declarado ilegal cualquier cargo vinculado a una multa, sino específicamente el que se cobra por un trámite que la empresa está obligada a realizar por ley. Tampoco fija una cantidad de referencia válida para el resto del sector: lo que exige es que cualquier coste esté informado con claridad en el contrato.

La sanción no implica devolución automática

Un matiz importante para quien pagó ese recargo: la multa va dirigida contra la empresa y no conlleva un reembolso automático a los clientes afectados. Con esta decisión el ministerio agota la vía administrativa —es decir, el procedimiento interno de la Administración—, pero no cierra la judicial, de modo que el asunto puede continuar en los tribunales si la compañía recurre.

En sus condiciones, la empresa explica que aplica una tasa administrativa independiente del importe de la multa desde que recibe la notificación. Consumo sostiene justo lo contrario sobre la validez de ese cobro.

Qué vías existen para los afectados

Las asociaciones de consumidores suelen recomendar empezar por la reclamación directa a la empresa, por escrito y con la documentación reunida: contrato de alquiler, factura, extracto bancario donde figura el cargo y la notificación de la multa. Según señalan estas organizaciones, la compañía debe responder en un plazo de 30 días cuando se presenta un escrito o una hoja de reclamaciones.

Si no hay acuerdo, el siguiente paso son los organismos de consumo autonómicos o municipales y las juntas arbitrales de consumo, un mecanismo de resolución extrajudicial. El propio ministerio recuerda, en su información sobre alquiler de vehículos, que ante cargos indebidos en tarjeta el cliente puede solicitar a su banco la devolución del recibo.

La distinción que marcará cualquier reclamación es sencilla: la multa de tráfico la sigue pagando quien conducía. Lo que Consumo ha declarado abusivo es el recargo por identificar a ese conductor, no la sanción administrativa en sí.