El Gobierno prepara otra subida del SMI para 2027 y reabre el debate sobre sus efectos

El Gobierno se plantea una nueva subida de peso del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, con el argumento de compensar el encarecimiento de la vida. La intención ha reabierto un debate que se repite cada final de año: cuánto puede subir el suelo salarial sin generar efectos indeseados en el empleo y en el tejido de pequeñas empresas.

El SMI es la retribución mínima legal que puede percibir un trabajador en España por jornada completa. Lo fija el Gobierno por real decreto, normalmente tras consultar con sindicatos y patronal y con el apoyo de un comité de expertos. En la práctica, se ha convertido en uno de los instrumentos de política económica más visibles de los últimos años, precisamente porque su efecto sobre las nóminas más bajas es inmediato.

La tesis crítica: un efecto que se nota poco en el salario real

En un editorial publicado el 3 de septiembre, el diario Expansión sostiene que la subida del salario mínimo funciona más como un reclamo político que como una palanca de mejora del poder adquisitivo. Su argumento central es una comparación: mientras el SMI ha aumentado más de un 60% en los últimos ocho años, los salarios reales del conjunto de los trabajadores apenas habrían crecido entre el 1% y el 3% en ese mismo periodo.

El salario real es el que descuenta el efecto de la inflación, es decir, lo que de verdad puedes comprar con tu nómina. Que suba muy poco significa que las subidas nominales se han comido casi por completo por el aumento de los precios. Según el editorial, España sigue en la parte baja de la OCDE en crecimiento de los salarios reales, un problema que atribuye a la dificultad para mejorar la competitividad y la productividad de la economía.

Qué advierte el Banco de España

El texto recuerda que el Banco de España ha señalado en varias ocasiones que cada punto porcentual de subida del salario mínimo puede tener efectos secundarios sobre la economía y el mercado laboral si no se acompaña de un análisis previo de las condiciones en las que se aplica. La institución no se pronuncia en contra de la medida, pero sí insiste en evaluar el contexto.

Desde esa óptica, el editorial plantea que la subida tiene sentido pleno cuando se dan tres condiciones a la vez: que la economía crezca, que la inflación esté contenida y que la productividad no se deteriore. Y reclama que, antes de aprobar un nuevo incremento, se midan los efectos sobre grupos y territorios concretos:

• El empleo juvenil y el de los trabajadores con menor cualificación, los más expuestos a un suelo salarial alto.
• Las diferencias territoriales, porque el mismo importe no pesa igual en una comunidad con salarios medios altos que en otra con salarios bajos.
• Las pymes, que forman el grueso del tejido productivo español y absorben directamente el sobrecoste.
• El traslado a los precios finales, que puede realimentar la inflación.

Un debate que llega con la inflación repuntando

La discusión no es abstracta. El repunte de los precios ha vuelto a tensionar los presupuestos domésticos y también las cuentas públicas, con una factura de intereses de la deuda al alza. Al mismo tiempo, un informe reciente situaba a España entre los países de la UE cuyo salario mínimo pierde terreno frente a la inflación, un dato que utilizan quienes defienden la subida.

Conviene distinguir el dato de la valoración. Los porcentajes citados —el 60% de aumento del SMI y el 1%-3% de los salarios reales— proceden del editorial de Expansión, mientras que la conclusión de que la medida es un "señuelo" es la posición editorial del diario, no un hecho verificado. El Gobierno, por su parte, aún no ha concretado ni la cuantía ni el calendario del incremento previsto para 2027.