La patronal madrileña pide recuperar el despido por bajas laborales repetidas

La patronal madrileña CEIM ha puesto sobre la mesa una propuesta que afecta de lleno al Estatuto de los Trabajadores: recuperar el despido objetivo por acumulación de bajas laborales, una figura que desapareció en julio de 2020. La petición llegó en la clausura de una jornada sobre absentismo organizada por la propia patronal y recogida por la agencia EFE y elDiario.es.

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, reclamó "valentía" para abordar un absentismo que, según su diagnóstico, no deja de crecer. "Cuando falta una persona, la empresa lo nota. Pero cuando las ausencias se repiten, se generalizan y crecen sin control, lo nota todo el sistema y lo nota también la sociedad", afirmó.

Qué permitía la norma derogada

Hasta su supresión, el artículo del Estatuto de los Trabajadores sobre causas objetivas habilitaba a despedir —con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, frente a los 33 días del despido improcedente— por faltas de asistencia aunque estuvieran justificadas por un parte médico. El umbral era del 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que en los doce meses previos se hubiera alcanzado un 5%, o bien del 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un año.

Aquella redacción fue muy discutida porque permitía extinguir contratos por enfermedades comunes de corta duración recurrentes. Su derogación en 2020, junto con la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, ha reducido las herramientas disponibles para las empresas, según señaló en la misma jornada Fernández Díez, socio responsable del área laboral de KPMG Abogados.

Quién paga los primeros días de baja

La segunda petición de CEIM tiene que ver con el reparto del coste. En la incapacidad temporal (IT) por enfermedad común, los tres primeros días no se cobran; del cuarto al decimoquinto, la prestación y las cotizaciones corren a cargo de la empresa; y a partir del día 16 las asume la Seguridad Social. Garrido pidió que sea el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien se haga cargo también de ese tramo intermedio, y que se exima de cotizaciones la contratación de quienes sustituyan a trabajadores de baja.

Los complementos de convenio, en el punto de mira

El abogado de KPMG apuntó a la negociación colectiva como la principal palanca que les queda hoy a las empresas. Su propuesta pasa por revisar los complementos que muchos convenios incorporan para garantizar el 100% del salario desde el primer día de baja. A su juicio, esos pluses neutralizan el diseño de la prestación pública, que deja sin cobertura los tres primeros días precisamente como incentivo al regreso.

Citó dos ejemplos ya vigentes. En el metal, el complemento cubre el salario íntegro en la primera baja del año, el 80% en la segunda y nada a partir de la tercera. En el convenio de alimentación y bebidas, el complemento se suspende cuando el absentismo del centro supera el 4% o el 5%.

Sobre los pluses de asistencia, recordó que la jurisprudencia impide excluir de su cobro a quien se da de baja, aunque sí admite abonarlos en proporción a los días efectivamente trabajados. "No se puede premiar el no cogerte bajas, de la misma manera que no se puede penalizar si te coges bajas", resumió, antes de concluir que la salida está en la "proporcionalidad".

Una prestación que sigue el ciclo económico

La expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, describió la incapacidad temporal como una prestación "procíclica": aumenta cuando baja el paro. Añadió que su duración media se ha alargado por el efecto de las listas de espera sanitarias.

Su propuesta es de gestión: crear un repositorio compartido entre servicios públicos de salud, empresas, INSS y mutuas colaboradoras con los datos de las bajas, de modo que se pueda alertar al organismo ante determinadas circunstancias. "No puede esperar a que pasen 365 días para actuar", advirtió. Pidió además formación específica en IT para los médicos de atención primaria y comparar los patrones de prescripción de bajas entre centros y comunidades autónomas.

Las propuestas de CEIM son, por ahora, planteamientos de una organización empresarial: cualquier cambio en el Estatuto de los Trabajadores exigiría una reforma legal, un terreno en el que sindicatos y Gobierno han defendido la posición contraria desde la derogación de 2020.