El Gobierno amplía hasta el 10 de septiembre las alegaciones al decreto de centros de datos

El Gobierno ha decidido dar más tiempo al sector para pronunciarse sobre el borrador de Real Decreto que endurece las condiciones para instalar y operar centros de datos en España. El plazo de alegaciones, que expiraba esta misma semana, se extiende hasta el 10 de septiembre a las 17:00 horas, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica recogidas por elDiario.es.

La prórroga responde, según la explicación oficial, a la voluntad de "facilitar la participación de los interesados" en el trámite de audiencia e información pública, después de que varias partes lo solicitaran. El texto salió a consulta el pasado 27 de agosto por la vía de urgencia y ha sido elaborado de forma conjunta por el departamento que dirige Sara Aagesen junto a los ministerios de Economía, Comercio y Empresa y de Transformación Digital y Función Pública.

Qué plantea el borrador

El proyecto normativo introduce exigencias que el sector considera de calado. La más discutida es la obligación de que el 80% de la electricidad consumida por estas instalaciones sea de origen renovable medida minuto a minuto, es decir, no como media anual sino en tiempo real. A ello se suman requisitos en materia de ciberseguridad y de soberanía digital, como que el operador de la infraestructura esté establecido en la Unión Europea.

La medición "minuto a minuto" es la clave técnica del debate: acreditar que en cada instante la energía consumida procede de fuentes limpias obliga a contratar o construir mucha más generación de la estrictamente necesaria, para cubrir las horas sin sol ni viento. El inversor y experto en energía Joaquín Coronado califica la exigencia de "desproporcionada" porque, en su opinión, fuerza a sobredimensionar la generación y a desperdiciar excedentes el resto del tiempo.

La patronal reclama "cambios sustanciales"

La asociación del sector, SpainDC, presidida por la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, trasladó su preocupación tras analizar el proyecto y pidió al Ejecutivo modificaciones de fondo. Según la patronal, "el diseño, la intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias" pueden comprometer inversiones ya comprometidas, dificultar proyectos avanzados y restar competitividad a España frente a otros mercados europeos. El sector cifra en hasta 60.000 millones de euros la inversión que estaría en juego.

En paralelo, la Agencia EFE adelantó que el Gobierno negocia con las grandes multinacionales estadounidenses del sector un acuerdo sobre el alcance de las exigencias medioambientales del futuro decreto, con el objetivo de que la norma no frene la llegada de capital.

Muchos más permisos que demanda real prevista

El trasfondo de la regulación es el desajuste entre lo previsto y lo solicitado. Las estimaciones iniciales apuntaban a unos 2,5 gigavatios de potencia hasta 2030, pero la red eléctrica ya ha concedido permisos de acceso por unos 12 GW (más de 6 en la red de transporte y otros 6 en distribución), con solicitudes en cola por cerca de 20 GW adicionales. Según SpainDC, la potencia informática instalada era de 439 megavatios al cierre de 2025, y la propia patronal calcula entre 2,6 y 2,9 GW operativos en 2030.

El Ejecutivo sostiene que se ha formado una burbuja de proyectos que compiten por los mismos puntos de conexión a la red. No hay hoy un problema de suministro, advierte, pero podría aparecer si se materializaran todas las peticiones. Como referencia se citan casos como el de Irlanda, donde estos centros llegan a representar el 32% del consumo eléctrico, o zonas de Estados Unidos que superan el 25%. Países Bajos ha llegado a aplicar moratorias para frenar su expansión.

Un negocio con actores del Ibex

El auge de la inteligencia artificial ha convertido los centros de datos en uno de los negocios del momento. En España han entrado firmas como ACS, Iberdrola o Merlin Properties, y las eléctricas los ven como una vía para reactivar una demanda a la baja que compromete la rentabilidad de las renovables más recientes, especialmente la fotovoltaica.

Morgan Stanley elevó hace unas semanas su previsión de capacidad total en España hasta 4,3 GW en 2035, frente a los 2,8 GW que estimaba antes, y sitúa a Aragón como uno de los mercados secundarios con mayor potencial de Europa por su suelo disponible, su recurso renovable y la conectividad de los cables submarinos que enlazan con Estados Unidos y Reino Unido. La consultora Cushman & Wakefield, por su parte, coloca a Madrid como quinto mercado primario de la región EMEA.